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Novedades

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Julio, 2013

1. Documentos públicos

a. Extranjeros

(i) Apostilla: entre Colombia y Venezuela existe un tratado que establece la forma en la cual se verifica la autenticidad de los documentos públicos: Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, para la Supresión de la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. El convenio que es de aplicación preferente de conformidad con lo establecido en el artículo 1º LDIP, fue concebido para eliminar las costosas y pesadas formalidades de la legalización de documentos públicos presentados ante otros Estados miembros y facilitar así su circulación mediante la colocación de la Apostilla. TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

2. Exequátur

a. Competencia

(i) Asuntos contenciosos:

  • En los casos en que el exequátur sea solicitado para decisiones o actos de naturaleza contenciosa, le corresponde conocer al TSJ en SCC (art. 28,num. 2° LOTSJ). En el caso de una sentencia extranjera dictada en un juicio de carácter contencioso, pues el proceso se inició mediante una demanda de divorcio, en el cual el esposo demandó a la esposa, y cuando ésta compareció contestó la demanda y convino en los términos de la misma.TSJ-SCC, sentencia N° 378 del 03-07-2013, Exp. 2013-279
  • La sentencia de divorcio de la presente solicitud de exequátur tuvo carácter contencioso, pues de la sentencia se observa textualmente lo siguiente: “…que es el caso que su cónyuge lo abandonó sin que hayan reanudado las relaciones conyugales…”, además señala la sentencia extranjera en cuestión que con los cuales se justificaron los fundamentos de la demanda, en el abandono de que fue objeto el actor de parte de la demandada …”. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

(ii) Asuntos no contenciosos:

  • En los casos en que el exequátur sea solicitado para decisiones y actos en materias de emancipación, adopción y cualquier otra de naturaleza no contenciosa, la competencia le corresponde al Juzgado Superior del lugar donde se haya de hacer valer. TSJ-SCC, sentencia N° 378 del 03-07-2013, Exp. 2013-279
  • Para calificar un asunto como no contencioso es necesario tener en cuenta que no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las partes en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte condenatoria o absolutoria de una de ellas. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

b. Fuentes

(i) Normas internas: cuando se solicita se declare fuerza ejecutoria en Venezuela de una sentencia dictada por un tribunal de República Dominicana, país con el que Venezuela tiene suscrito el Código Bustamante, de 1928, no obstante, las normas del referido tratado para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras no son aplicables al caso de autos, toda vez que dicha materia fue reservada por Venezuela; siguiendo el orden de prelación de las fuentes sobre la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano, en concreto los requisitos establecidos en el art. 53 LDIP, los cuales deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

(ii) Tratados: para determinar si procede o no otorgar eficacia jurídica en Venezuela a la sentencia dictada por un Tribunal de Barranquilla, Colombia, que confirmó la decisión de Primera Instancia, de un Juzgado, también con sede en Barranquilla, mediante la cual fue declarada la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, debe procederse a examinar dicho fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2° de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita por ambos países.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

c. Requisitos

(i) Cosa juzgada

  • De las actas del expediente se evidencia certificado de divorcio en el cual se indica que el mismo ha sido archivado y sometido a la inscripción en el registro destinado a estos fines. Asimismo, se observa que no se interpuso recurso alguno contra el fallo definitivo de divorcio, y ello, aunado al hecho de que la parte demandada en aquel juicio es quien ejerce la presente solicitud de exequátur, lo que demuestra que se encuentra conforme con el fallo en cuestión, permiten concluir a esta Sala que la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita tiene fuerza de cosa juzgada según la ley del Estado en que fue pronunciada, y por tanto, se encuentra cubierto el segundo requisito de la Ley. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273
  • La sentencia cuyo pase legal se solicita, emitida para cumplir la instancia de la consulta que rige en la República de Colombia, confirmó lo decidido en la primera instancia dentro del proceso verbal de divorcio de matrimonio católico promovido por la actual solicitante del exequátur.Este fallo confirmatorio que pretende hacerse valer en la República Bolivariana de Venezuela, contiene en el numeral segundo de su parte dispositiva la siguiente mención: “…En firme este proveído devuélvase el expediente al juzgado de origen…”, de la cual, y en forma expresa, se desprende su carácter de firmeza; en razón de lo cual la Sala estima, que el fallo extranjero, sí cumple con el requisito que a los fines de la procedencia de su pase legal, así lo exige.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(ii) Debida citación

  • Aun cuando no consta del fallo extranjero la manera como se realizó la citación de la demandada en el tribunal, sin embargo, como quiera que la solicitante del presente exequátur fue parte demandada en el juicio extranjero de divorcio, debe presumirse que no existió inconveniente con su citación en aquel y que tuvo oportunidad de defenderse con tiempo razonable, lo anterior aunado al señalamiento expreso efectuado por el juez dominicano según el cual “…el proceso se ha llevado en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de la República, y las leyes, toda vez que se ha conocido del caso, en respeto de los derechos de cada una de las partes, en una audiencia a puertas cerradas, y fueron debidamente convocadas las partes…”, lo que permite concluir que a la demandada, hoy solicitante del exequátur, se le garantizó su derecho a la defensa, dando así cabal cumplimiento al presente requisito de Ley.TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273
  • La Sala considera satisfecha la garantía del derecho a la defensa de las partes, una vez constatada la presencia de ambos cónyuges en el curso del proceso judicial mediante el cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que los unía. La demandante, lo hizo mediante su apoderado judicial, y el demandado, como ya fue reseñado, a través del curador especial que le fue designado para su defensa, lo cual significa la garantía del derecho a la defensa de las partes, cumpliéndose de tal modo la exigencia de ello en el numeral analizado.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(iii) Jurisdicción indirecta: se observa que el Tribunal de la República Dominicana tenía jurisdicción para conocer de la causa según lo dispuesto en el art. 39 LDIP, pues de actas se evidencia que para el momento de la disolución del vínculo matrimonial, las partes tenían su domicilio conyugal en dicho país.TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(iv) Orden público

  • La sentencia cuyo exequátur se solicita, resolvió la demanda de divorcio con fundamento en la separación de los cónyuges por un tiempo superior a los dos años, conflicto para cuya resolución fueron aplicadas normas legales de naturaleza civil, vigentes en el país en el cual fue dictado dicho fallo, que no contrarían en forma alguna, los principios esenciales del orden público venezolano. TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754
  • La sentencia extranjera de divorcio por abandono voluntario, no violenta principios esenciales de nuestro Estado, por el contrario está acorde con éstos. Aunado a lo anterior, se observa que de la unión matrimonial nació un hijo, quien para el momento de dictar sentencia era menor de edad. Sin embargo cabe señalar que el Juzgado con sede en Canton Manta, Ecuador, le designó un curador ad-litem, quien se encargó de la defensa de los derechos e intereses del menor, quien, cabe destacar, mediante una simple operación aritmética, se determina que ya alcanzó la mayoridad, y en consecuencia, de conformidad con el art. 347 LOPNNA, en concordancia con los arts. 1 y 2 eiusdem, cesó de estar sometido al régimen de la patria potestad. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

d. Solicitud

No se indicó en la solicitud de exequátur de qué manera se encontraban satisfechos los supuestos previstos en el art. 53 LDIP, necesarios para conceder el pase de la sentencia extranjera.No basta con indicar que tales supuestos se hallan satisfechos, sino que es necesario, para cumplir con la adecuada y delicada tarea que la profesión de abogado impone, exponer con claridad cómo se ha atendido cada uno de los supuestos que exige la norma, pues independientemente de que tal análisis constituya en definitiva a la SCC, es deber ineludible de quien formula la petición de reconocimiento llevar al convencimiento del juez de que los supuestos están dados para conceder la ejecutoria a la sentencia extranjera. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

3. Jurisdicción

a. Consultas de jurisdicción-competencia: corresponde conocer a la SPA (art. 23, num. 20 LOJCA, art. 26, num. 20 LOTSJ, 59 y 62 CPC). TSJ-SPA, sentencia N° 835 del 11-07-2013, Exp. 2010-287

b. Criterios atributivos de jurisdicción

(i) Acciones de contenido patrimonial: el hecho ilícito causante del daño cuya indemnización es solicitada, tuvo su origen en el Estado de Nueva York, EE.UU., con ocasión del intento de cobro de la carta de crédito constituida una entidad bancaria domiciliada en ese país,no puede obviarse el hecho de que la suscripción de la referida carta de crédito, fue la consecuencia directa del “acuerdo transaccional y finiquito mutuo” que debieron suscribir las partes en Venezuela, y su objeto era la transmisión de los derechos hereditarios, conformados por los bienes inmuebles, acciones de empresas y dinero en cuentas en instituciones financieras ubicadas en Venezuela. En consecuencia, las obligaciones que dieron origen a la reclamación por indemnización de los daños sufridos planteada por el accionante debían ejecutarse en el territorio de Venezuela, razón por la cual debe concluirse que el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer la acción por indemnización de los daños materiales y morales, conforme al criterio atributivo de jurisdicción establecido en el artículo 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con el artículo 40 eiusdem. TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

c. Falta de jurisdicción

La Ley de Mercado de Valores establece un régimen especial que impide a los órganos jurisdiccionales conocer de las acciones ejercidas contra las instituciones sometidas a intervención, rehabilitación o liquidación, por conceptos de cobro de deudas previstas a tales procesos. Sin embargo, se contemplan dos supuestos por los cuales se puede permitir el cobro judicial de las obligaciones contraídas por los sujetos sometidos a regímenes de intervención, rehabilitación o liquidación: 1) Que los hechos objeto de la demanda sean posteriores a la adopción de la medida de que se trate y 2) Que la obligación reclamada haya sido declarada por sentencia definitivamente firme, antes de la medida respectiva (art. 21, parágrafo primero).Ahora bien, las accionantes incoaron su solicitud en fecha 11 de febrero de 2010, es decir, posterior a la fecha de intervención y posteriormente ordenada su liquidación, sin que fuese emitida sentencia definitivamente firme (según criterio SC, sentencia N° 2592 del 15-11-2004), corresponde el conocimiento de la presente pretensión, a la Superintendencia Nacional de Valores a través de la Junta Liquidadora, razón por la cual esta Sala declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para continuar conociendo de la “solicitud de formalización de arbitramiento” interpuesta. TSJ-SPA, sentencia N° 835 del 11-07-2013, Exp. 2010-287

d. Jurisdicción vs. Derecho aplicable – errónea aplicación

El Juzgado Décimo de Primera Instancia declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas y, en consecuencia, declaró la jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero para conocer y decidir la demanda interpuesta por indemnización de daños materiales y morales, conforme a lo establecido en el art. 40 LDIP, que prevé la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, cuando éstas se refieran a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados, o de hechos verificados en dicho territorio. De tal manera que, en el caso bajo examen, están presentes elementos de extranjería relevantes que imponen el análisis a la luz del Derecho Internacional Privado, con miras a precisar la jurisdicción para proveer sobre lo demandado. Por tal razón, procede la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1º LDIP. Se observa que no existe tratado alguno entre los EE.UU. y Venezuela que regule lo referente a la indemnización por daños y perjuicios por hecho ilícito, por lo que se hace necesario el examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de la correspondiente determinación. A tales efectos, el art. 32 de la referida Ley dispone que los hechos ilícitos se rigen por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del derecho del lugar en el cual se verifica el hecho originario de la obligación, esta última posibilidad se establece en la Ley como una opción de la víctima para escoger el derecho del lugar donde se produjo la causa generadora del daño, entendido este último como la materialización externa del hecho ilícito. Asimismo, debe indicarse que en materia de hecho ilícito la víctima siempre tendrá la posibilidad de elección del derecho que más favorezca el resarcimiento del daño causado. TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

e. Recurso de regulación-competencia: corresponde conocer a la SPA (art. 23, num. 20 LOJCA, art. 26, num. 20 LOTSJ, 59 y 62 CPC). TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

 

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Editorial

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Julio 2013

En el mes de Julio les presentamos una nueva entrega del E-Boletín Legislación & Jurisprudencia, dedicada a los acontecimientos más importantes en materia de Derecho Internacional Privado.

La sección de Novedades incluye seis decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, cuatro de la Sala de Casación Civil y dos de la Sala Político Administrativa. Las decisiones de la Sala de Casación Civil resuelven solicitudes de reconocimiento de sentencias extranjeras a través del procedimiento de exequátur. Por su parte, las decisiones de la Sala Político Administrativa resuelve sobre los recursos de regulación de jurisdicción y la consulta obligatoria sobre la falta de jurisdicción.

La sección de Reseñas se dedica al Curso Intensivo dictado en el marco de la programación académica de la Maestría en Derecho Internacional Privado, del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. El Seminario “Derecho Comparado Institucional: Derecho Concursal Internacional”, estuvo a cargo de la profesora Dra. Laura Carballo Piñeiro de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Estimado lector, sus comentarios y sugerencias ayudan a fortalecer y enriquecer nuestro Boletín. Estamos en contacto a través del Blog, el correo electrónico y nuestra cuenta Twitter @eBoletinDIPUCV

Yaritza Pérez Pacheco
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia
Instituto de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Editora
Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Colaborador
Dr. Eugenio Hernández-Bretón

Responsable de edición
Lic. Mónica Mancera

 

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Editorial

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Febrero 2013

Agradecemos las manifestaciones de solidaridad y apoyo recibidas con ocasión del lanzamiento de la primera edición de e-Boletín de Novedades de Legislación y Jurisprudencia en materia de Derecho Internacional Privado, el pasado 31 de enero. Nos complace contar con más de 400 visitas a nuestro sitio web.

En esta segunda edición del e-Boletín, se ha incorporado a la sección Novedades la normativa publicada en la Gaceta Oficial que impacta directa o indirectamente a las relaciones jurídicas privadas con elementos de extranjería, publicadas durante el mes de febrero en materia de control de cambio y Derecho Laboral. Asimismo, se destacan algunas decisiones de los Tribunales de la República, tanto Superiores como del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de Derecho Internacional Privado, publicadas durante el año 2012, ya que en lo que va de año ninguna decisión sobre la materia ha emanado de los tribunales de la República. Se destaca la doctrina en materia de domicilio de personas físicasexequátur y jurisdicción.n.

En la segunda sección, correspondiente a las Reseñas, en esta edición encontrarán la descripción de una investigación financiada por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), en el marco del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) denominada “Cláusulas arbitrales de resolución de controversias Inversor-Estado en el Derecho Internacional de las Inversiones. Hacia un modelo latinoamericano de tratado bilateral”. En cuanto al desarrollo de las líneas de investigación bajo la tutela de la Sección de Derecho Internacional Privado y Comparado encontraran los avances de la tesis de grado de Dickar Bonyuet, cursante de Maestría, quien lleva a cabo un estudios sobre “Derecho Aplicable en el Arbitraje de Inversiones al Amparo del Convenio CIADI”;  y otra entrega de los avances de investigación de la tesista Tamaiba Cid, sobre la “Desjudicialización de los procesos no contenciosos”. También se muestran dos semblanzas sobre la vida de dos internacional privatista que dejaron de acompañarnos en este mes de febrero: el venezolano José Luis Bonnemaison y la española-mexicana Sonia Rodríguez Jiménez.

Esperamos seguir contando con su aceptación y sugerencias, así como con su invaluable ayuda en la divulgación de esta nueva herramienta de información en el área del Derecho Internacional Privado.

Yaritza Pérez Pacheco
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia
Instituto de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Editora
Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Colaboradores

Abg. Bernadette Rodríguez Nedelka
Abg. Claudia Lugo
Abg. Díckar Bonyuet Lee
Abg. Tamaiba Cid
Abg. Verónica M. Alvarez F.
Dra. Nuria Gónzalez Martín
M. Sc. Milagros Gómez

Responsable de edición
Lic. Mónica Mancera

 

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