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Desjudicialización de Procesos No Contenciosos

28 Feb

derecho internacional

Abg. Tamaiba Cid
Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado
Centro de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

La distinción entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa ha sido objeto de arduas discusiones en la doctrina y tema de gran número de jurisprudencia dentro de la comunidad internacional (véase, por ejemplo, en México una acción de Amparo directo 55/2007 del 16-02-2007). El punto álgido de distinción es el efecto de cosa juzgada (TSJ-SCC, sentencia Nº 263 del 03/08/2000, Exp. Nº 99-347; TSJ- SCC, sentencia Nº RC.00961 del 18/12/2007, Exp. Nº 02-524; TSJ- SCC sentencia Nº 156 del 10/08/2000, Exp. Nº 00-128) el cual se precisa para la ejecución de las sentencias tanto en su país de origen como en el extranjero. Aquellas que derivan de procesos contenciosos como el divorcio necesario, adquieren esa cualidad, el dilema radica en los procesos no contenciosos como los divorcios voluntarios unilaterales o de mutuo acuerdo considerados de jurisdicción voluntaria.

Desde tiempos antiguos en el Derecho Romano se concibió la idea de asuntos no contenciosos dentro de la jurisdicción, más particularmente en un texto del Digesto redactado por Marciano (D. 1.16.2.pr.1)
Sin embargo, la falta de estabilidad no le permite coincidir con el fin de la jurisdicción: la cosa juzgada. Es así, que parte de la doctrina se refiere a estos procesos como una actividad no jurisdiccional, sino administrativa considerando incluso que, no se trata de “sentencias”.

Sin poder identificarse estrictamente dentro con el concepto de función jurisdiccional, ni tampoco con los actos administrativos; la doctrina no ha alcanzado un consenso al respecto. Frente a estas dos posturas, se plantea la idea de ver a la jurisdicción voluntaria como un proceso autónomo, ya no ligada plenamente a la jurisdicción ni a la administración, se presenta como una actividad independiente “caracterizada por la circunstancia de actuarse una función pública sobre relaciones o intereses jurídicos privados” (Foint boix, Vicente: “El Notario y la Jurisdicción Voluntaria”. En: Ponencia presentada al VIII Congreso Internacional del Notariado Latino, México, 1975).

Los asuntos que integran la jurisdicción voluntaria son diversos y es por ello que no logra aclararse el asunto de su naturaleza jurídica, así, estima De Miguel Asencio: “adoptar un cierto relativismo respetuoso con la pluralidad inherente a la jurisdicción voluntaria”. Si bien no es un proceso propiamente jurisdiccional ni administrativo debe tratarse cada caso de forma autónoma, recordando que con la intervención judicial se procura la garantía de derechos, es decir, los particulares requieren una tutela efectiva de sus intereses y es a través de los órganos judiciales que tal fin se alcanza.

En algunos ordenamientos además de considerar que es una actividad de constatación y declaración de derechos, sumado a ello, la descongestión judicial, la economía y brevedad de los procesos (TSJ-SCC, sentencia Nº 95 del 17/05/2001, Exp. Nº 00-506), se admite que su conocimiento sea atribuido a funcionarios distintos al juez, como algunos órganos administrativos, que puedan velar por el respeto de los intereses de los individuos y cuenten con la autoridad para esto (véase, por ejemplo, en México una acción de Amparo directo 2767/91, caso Lilia Edelshein Durán, del 16-06-1992).

Tal situación ocurre con los divorcios voluntarios cuyo trámite ha sido trasladado de la competencia judicial a la de los Notarios, Alcaldes y Registradores Civiles pertenecientes a la función administrativa del Estado (véase, por ejemplo, sentencia C-1159/08, Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia del 26-11-2008, Exp. D-7321).

De este modo, se ha permitido a estas autoridades orgánicamente administrativas ejercer competencias tradicionalmente atribuidas al órgano jurisdiccional, cuando proceden en sede voluntaria, como en el caso del divorcio, el Notario ha sido la autoridad elegida, dado la naturaleza de sus funciones (véase, por ejemplo, sentencia C-1641/00 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia del 29-11-2000. Exp. D-2974)

Es importante acotar que es de carácter excepcional y es por ello que debe ser establecido mediante un cuerpo normativo indicando una tendencia en estos países hacia la función administrativa dentro de los procesos voluntarios, tradicionalmente ubicados bajo competencia judicial.

Lo que en los divorcios de mutuo acuerdo viene sucediendo, la directriz actual es su desjudicialización; sin embargo, frente a esta tendencia del divorcio voluntario extrajudicial, se encuentra la de regulación sin causales en vía judicial.

Ejemplo de ello es México, en el Distrito Federal el artículo 272 del Código Civil disponía que el divorcio voluntario se tramitaba ante el Juez del Registro Civil, autoridad administrativa, pero este proceso queda derogado en 2008 con la regulación del divorcio (voluntario unilateral incluso) ante el juez, así el proceso voluntario de divorcio salió de la esfera judicial para volver a ella vinculado a una mayor flexibilización.

En Venezuela, si bien el proceso de divorcio es completamente judicial, existen indicios de esta tendencia en cuanto a la disolución unilateral de las uniones estables de hecho ante el Registro Civil.

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