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28 Feb

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Febrero 2013

1. Adopción

a. Naturaleza jurídica: no es la del contrato, sino que es la de una institución jurídica de carácter particular. En efecto, si bien es cierto que para la adopción es necesario el consentimiento del adoptante y del adoptado o de aquél y el representante legal de éste, es decir, el acuerdo de las partes, éstas no son libres para regular los requisitos y efectos de la adopción ya que, es el legislador el que los determina imperativamente. Por lo tanto, en la adopción, no pueden las partes, como si es posible en los contratos, adicionar términos o condiciones, o regular en forma distinta de la legal, el vinculo creado por la adopción. Por ello, en materia de adopción, el consentimiento de las partes es necesario, pero no suficiente para que se perfeccione la adopción; hace falta la intervención del funcionario que verifique si se han cumplido los presupuestos tanto de forma como de fondo en una institución que crea un estado familiar. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012, Exp. Nº 7130-12.

b. Requisitos: nuestra legislación tiene una serie de requisitos para la adopción entre los cuales, están los requisitos de fondo y donde se encuentran los consentimientos necesarios vale decir, que cuando se adopta a un menor de edad como fue el caso de autos, se requiere el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, requisito sine cuan nom y necesario para la adopción, pues de faltar éste, el acto se consideraría viciado de nulidad. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012, Exp. Nº 7130-12.

2. Control de Cambio

a. Fijación del tipo de cambio: seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6,30) por dólar de los Estados Unidos de América, a partir del 09-02-2013. El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Jorge Giordani, en su carácter de Ministro del Poder Popular para las Finanzas, autorizado por el Dec. Nº 2.278 del 21-01-2003, por una parte; y por la otra, el BCV, representado por su Presidente, Nelson J. Merentes D., autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión Nº 4.561, celebrada el 07-02-2013, de conformidad con lo previsto en el art. 318 de la CRBV, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 5, 7, numerales 2, 5 y 7; 21, numeral 16; 34; 122 y 124 de la LBCV, y 6 del Convenio Cambiario Nº 1 del 05/02/2003. Convenio Cambiario N° 14 del 08-02-2013. G.O. N° 40.108 del 08-02-2013 

b. Moneda extranjera 

(i) Cuentas: las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio Nacional y personas jurídicas domiciliadas en el país, podrán mantener fondos de divisas en cuentas a la vista o a términos en bancos universales, sin perjuicio de lo previsto en la Res. del BCV N° 12-09-01 de fecha 04-09-2012.
BCV-Res. N° 13-02-01. G.O. N° 40.109 del 13-02-2013
(ii) Valoración y registro contable de los activos y pasivos: tipo de cambio para la compra establecido en el Convenio Cambiario N° 14 del 08-02-2013. (Bs. 6,2842). BCV-Res. N° 13-02-02. G.O. N° 40.109 del 13-02-2013

c. SITME: las instituciones autorizadas para tramitar operaciones de compras y ventas en bolívares, en mercados secundarios, de títulos valores denominados en moneda extranjera, no procesarán posturas de venta ni se adjudicarán órdenes de compra de títulos valores a través del BCV. BCV-A. O. del 08-02-2013. G.O. N° 40.109 del 13-02-2013

3. Domicilio

a. Personas físicas
Prueba: El demandante afirma tener establecido su domicilio en la ciudad de Maracay, estado Aragua; igualmente señala que su cónyuge ha establecido su domicilio en la ciudad de Vancouver, Canadá. Con relación a los domicilios señalados, entendidos al tenor del art. 11 de la LDIP, se tienen como cierto salvo prueba en contrario por motivo de aquello que la buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, debe probarla (ex art. 789 del CC). TSJ-SPA, sentencia 651 del 06-06-2012, Exp. Nº 2012-0686

4. Exequátur

a. Admisibilidad

Presupuestos: para así proceder a la admisión de la solicitud de exequátur deben revisarse los presupuestos contenidos en el art. 19 aparte 5 de la LOTSJ. En la misma acta de admisión se ordena notificar a la persona contra la cual se pretende obre la solicitud, y en atención al contenido de los arts. 20 y 21 num. 13 de la LOMP, se ordena notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, para rendir su opinión sobre la solicitud de exequátur de la sentencia extranjera. TSJ-SCC, sentencia N° 661 del 18-10-2012, Exp. 11-554

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 684, del 26-10-2012, Exp. 10-652

b. Citación  

No presente: el Juzgado de Sustanciación admitió la petición de exequátur por haberse cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 852 del CPC, y se ofició a la DMZF-SAIME, adscrito al MPPRIJ, a los efectos de solicitar el movimiento migratorio de la persona contra la cual se pretende que obre la solicitud de exequátur. Como la respuesta al oficio es que la demandada “…no registra movimiento migratorios en nuestro sistema…”, se procede a solicitar la citación por carteles de la demandada de conformidad con lo pautado en el art. 224 del CPC el cual se acuerda de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 93 y 98 de la LOTSJ. Una vez transcurrido el plazo de ley para que la demandada se dé por citada se le nombra Defensor Público, el cual debe aceptar el cargo, de conformidad con lo establecido en los arts. 22 y 97. 2 de la LODP. TSJ-SCC, sentencia N° 612 del 27-09-2012, Exp. 11-483

c. Competencia 

Asuntos contenciosos
(i) Cuando el procedimiento que dio lugar a la sentencia de divorcio cuyo exequátur se solicita tuvo carácter contencioso, y en particular, examinado el contenido de la sentencia extranjera se encuentra que hubo un demandante y por vía de consecuencia, un demandado; es innegable la competencia de la SCC del TSJ, para conocer y decidir la solicitud. TSJ-SCC, sentencia N° 651 del 10-10-2012, Exp. 12-075
(ii) La SCC conoce de la solicitud de exequátur que tiene como fundamento un juicio de divorcio, en el cual la esposa demandó a su cónyuge, por haberse tratado de procedimiento de naturaleza contenciosa, en el cual las partes no comparecieron de mutuo acuerdo. TSJ-SCC sentencia N° 779 del 12-12-12, Exp. 12-048

d. Fuentes
Normas internas
(i) Se solicita el exequátur de una sentencia dictada por tribunal de República Dominicana, país con el cual Venezuela forman parte del Código Bustamante; sin embargo, este tratado no es aplicable al caso planteado, pues nuestro País reservó los artículos referidos al procedimiento de exequátur. Por tanto, esta solicitud se revisará a la luz de la LDIP, según los requisitos pautados en el art. 53 por ser esta la norma de Derecho Internacional Privado aplicable en el caso concreto (art. 1 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 612 del 27-09-2012, Exp. 11-483

(ii) Se solicita el exequátur de una sentencia dictada por un tribunal de Madrid, España, país con el cual Venezuela no ha celebrado tratado público en materia de reconocimiento de fallos. Por tanto, el exequátur se revisará a la luz de la LDIP, según los requisitos pautados en el art. 53 por ser esta la norma de Derecho Internacional Privado aplicable en el caso concreto. TSJ-SCC, sentencia N° 610, del 29-09-2012, Exp. 12-203

(iii) Se ha solicitado que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de Francia, país con el cual la Venezuela no ha celebrado tratado público alguno en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias de divorcio. Por tal motivo, teniendo en cuenta lo relativo a la jerarquía de las fuentes, deben ser aplicadas las normas de derecho internacional privado venezolano, razón por la cual debe examinarse si la sentencia extranjera cumple o no con los requisitos establecidos en el art. 53 de la LDIP. TSJ-SCC, sentencia N° 661 del 18-10-2012, Exp. 11-554

(iv) Se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria de una sentencia dictada por un Tribunal de EE.UU., país con el que Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano. TSJ-SCC, sentencia N° 651 del 10-10-2012, Exp. 12-075

e. Requisitos

Debida Citación
(i) Citación por carteles: del texto de la decisión se evidencia que fue garantizado el derecho a la defensa de la demandada, pues fue citada mediante carteles de acuerdo con el art. 22 de la Ley N° 2153 del 12-11-1949.
TSJ-SCC, sentencia N° 612 del 27-09-2012, Exp. 11-483

(ii) Rebeldía del demandado: del texto de la sentencia cuyo pase se pretende, se evidencia que la demandada fue citada en el juicio de divorcio y que fue declarada en rebeldía, pues no compareció al juicio. En el caso planteado, se trata de un proceso que fue seguido en España, lugar en el cual la declaratoria de rebeldía del demandado ocurre cuando ya ha sido citado. Se debe considerar cumplido el 5º requisito del art. 53 de la LDIP, sobre la citación de la demandada en juicio extranjero, pues fue citada de acuerdo con la legislación española y al no comparecer a la contestación fue declarada en rebeldía; y, además al ser una de las solicitantes del exequátur demuestra su conformidad con el fallo que declaró el divorcio (se sigue doctrina de la SCC, sentencia N° 498, del 09-11-2010, Exp. 2008-543). TSJ-SCC, sentencia N° 610, del 29-09-2012, Exp. 12-203

(iii) Convalidación del requisito: fue garantizado el derecho a la defensa de la cónyuge demandada en divorcio (hoy solicitante del exequátur). La misma, una vez citada conforme a la ley francesa y tal como se deja establecido en el fallo del cual se trata, expuso sus conclusiones en el juicio, presentando su rechazo a los beneficios que le otorgaban las disposiciones legales correspondientes, acordándosele lo relativo a la guarda, custodia y manutención del único hijo menor habido en el matrimonio. Adicionalmente debe destacarse al analizar el presente requisito, que la demandada en divorcio, es quien solicita la validez de la sentencia que lo pronuncia y nada señala respecto a violación alguna de su derecho a ser citada en dicha oportunidad, razón suficiente para considerar que dicho derecho le fue garantizado. TSJ-SCC, sentencia N° 661 del 18-10-2012, Exp. 11-554

Jurisdicción indirecta: el criterio atributivo de jurisdicción conocido como paralelismo consiste en verificar que tiene jurisdicción para conocer del asunto el tribunal del Estado cuyo derecho resulte aplicable al fondo de la controversia, lo cual en materia de divorcio se determina mediante el domicilio del demandante, de conformidad con lo establecido en el art. 23 LDIP. Así, el derecho aplicable para resolver el divorcio es el del domicilio del accionante, es decir, el de la República Dominicana por estar domiciliado en ese país el cónyuge demandante, según se evidencia de lo expuesto en la misma decisión cuya ejecutoria se solicita. Por tanto, la Cámara en lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana, sí tenía jurisdicción para pronunciarse sobre el divorcio por estar el cónyuge demandante domiciliado en ese país, con base en el criterio del paralelismo establecido en el ordinal 1º del art. 42 de la LDIP. TSJ-SCC, sentencia N° 612 del 27-09-2012, Exp. 11-483

En el mismo sentido, ver también:

Orden público 

(i) Confusión con la noción de orden público interno

  • Corresponde a la Sala verificar que la sentencia objeto del presente análisis, no contraría el orden público interno venezolano, y para tal efecto señala que el orden público que se examina en sede de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras es un límite para la protección de cierto núcleo de materias que constituyen principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado receptor, en las cuales no admite ningún tipo de intervención por parte de un Estado extranjero. El orden público puede manifestarse en el fallo cuando se crea o reconoce una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor; también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada. (Vid. Madrid, Claudia: “Breves Notas sobre el Orden Público y el Reconocimiento de Decisiones Extranjeras en el Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado”, en Libro Homenaje a Juan María Rouvier, Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Libros Homenaje No. 12, Caracas, 2003, pp. 365-368). Aplicando la doctrina patria anteriormente transcrita al caso bajo estudio, la Sala observa que la sentencia cuyo exequátur se solicita disolvió el vínculo conyugal existente, sobre lo cual se evidencia que dicha condenatoria no constituye un principio fundamental en el ordenamiento jurídico venezolano, al cual el legislador haya querido brindarle una protección especial. Por consiguiente, la sentencia objeto de la presente solicitud de exequátur no contraría el orden público venezolano, debido a que fue dictada, según se desprende de la lectura del expediente, en un juicio de divorcio originado por obligaciones de naturaleza civil contraídas entre las partes, que en ningún caso resulta incompatible con los principios de orden público venezolano (se acoge doctrina de la SPA sentencia de fecha 18 de agosto de 2004, Nº 1098, caso: Olimpia Peña Tejera, expediente: 1993-10019). TSJ-SCC, sentencia N° 651 del 10-10-2012, Exp. 12-075
  • No está excluida de la legislación nacional la necesidad de que el jurisdiscente venezolano verifique si efectivamente la normativa aplicada en las sentencias extranjeras pueden o no contrariar el orden público venezolano, ya que, si violenta el orden público interno es evidente que el Juez Venezolano no puede darle cabida a tal fallo extranjero. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012, Exp. Nº 7130-12

(ii) Contenido: las normas de cada Estado tienen relación con sus valores, con su idiosincrasia, con sus forma de vida y de entender la realización del Estado y de la familia, por ello, aquellas normas utilizadas por Tribunales Extranjeros que contraríen esos valores fundamentales de la República no pueden ser aplicados por el simple respeto a la autoridad extranjera por el Juez Venezolano, circunstancia ésta, que no puede ser considerada como un nacionalismo, o como un principio de soberanía exacerbado, sino como, la necesidad que tiene el fallo que se pretende hacer valer en Venezuela, de respetar un orden jurídico, moral y público entendido, como un conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras o su validación en Venezuela. Vale decir que el Juez debe tener suma prudencia o ponderación en el orden público nacional. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012, Exp. Nº 7130-12

(iii) Equiparación a regulaciones internas: la sentencia extranjera sometida al exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, pues, es asimilable por analogía en la República Bolivariana de Venezuela a lo establecido en el art. 185 ordinal 2° del CC, referida al abandono voluntario, al manifestar “que el matrimonio queda aquí disuelto en razón de Abandono Constructivo”. TSJ-SCC, sentencia N° 661 del 18-10-2012, Exp. 11-554

En el mismo sentido, ver también:

(iv) Fraude a la Ley: el orden publico involucra el que cada legislador bien sea Venezolano o de otras nacionalidades (en el caso sub lite norteamericano), si bien es cierto tienen sus ideas particulares en estas materias, bajo las influencias infinitamente diversas de los usos y costumbres, tradiciones, religión, clima, constitución política, elementos étnicos, necesidades sociales o económicas, que pueden variar en el tiempo, pero que forman parte de la conciencia jurídica nacional, no puede permitir esta Alzada que se le dé cabida a homologar la eficacia de una sentencia extranjera cuyo fundamento es la adopción de una menor de edad, sin que exista a los autos el consentimiento o la manifestación de voluntad de su progenitor …, pues pudiéramos aperturar de acordarse el exequátur, una compuerta que abre el fraude a la ley, al otorgase adopciones de menores de edad sin que medie el consentimiento de su progenitor. JSCMBT edo. Guárico, sentencia del 26-07-2012, Exp. Nº 7130-12 

(v) Objetivos de las normas venezolanas: determinado el cumplimiento de los requisitos examinados previamente, corresponde a esta Sala dejar establecido, que en la sentencia extranjera objeto del presente análisis, conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la LDIP y a lo constatado en los autos; fue disuelto el vínculo matrimonial, sin contradecir los objetivos de las normas que en Venezuela regulan la materia de divorcio. Indica expresamente el fallo del cual se trata que el vínculo matrimonial resultó disuelto por “…ruptura prolongada de la vida en común…”, causal ésta que se encuentra prevista en el art. 185 del CC, literal “A”, como una de las circunstancias en las cuales puede ser solicitado el divorcio, que “…los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años…”. Razón suficiente para determinar que lo decidido en el mismo, resulta compatible con los principios esenciales del orden público consagrados en Venezuela. TSJ-SCC, sentencia N° 661 del 18-10-2012, Exp. 11-554

(iv) Presupuesto adicional: a los presupuestos establecidos en el Art. 53 de la LDIP debe adicionarse la consideración previa del análisis de las normas de orden público interior venezolano, el cual no puede verse afectado o contrariado por la sentencia extranjera ni por convenios particulares con base a lo regulado en el art. 6 del CC. JSSCMT edo. Zulia, sentencia del 28-02- 2012

5. Jurisdicción

a.Consulta y regulación de jurisdicción: la LDIP en su art. 57 establece que aquellos asuntos en los que corresponda resolver acerca de la jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero, solo cuando el juez declare la falta de jurisdicción tendrá consulta obligatoria por ante esta SPA, no así la decisión con base en la cual se confirma la atribución que tiene el Poder Judicial venezolano para conocer y decidir un caso en concreto. TSJ-SPA, sentencia 651 del 06-06-2012, Exp. Nº 2012-0686

6. Trabajadores

Alimentación: Reglamento de la LATT – Reforma Parcial. PR-Dec. N° 9.386 del 18-02-2013. G.O. N° 40.112 del 18-02-2013

 

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