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Relación entre la Constitución y el Derecho Internacional Privado

31 May

Mayo 2013

Imagen tomada de la redsolidaridad.org.ve

Imagen tomada de la redsolidaridad.org.ve

Abg. Ana Sofía Delgado Larreal
Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado
Centro de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Los ordenamientos jurídicos poseen un conjunto de principios organizativos propios, que los caracterizan y distinguen de otros, pero sólo en tiempos relativamente recientes ha surgido la convicción de que dichos principios deben estar concentrados en un solo documento formal, llamado Constitución. En el propio texto constitucional suele incluirse disposiciones que permiten determinar la posición del Estado sobre el carácter de esta Ley fundamental.

En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico (art. 7). Desde esta perspectiva, la noción de Constitución en sentido restringido, según la cual se trata de un texto único y no un conjunto de leyes nos permitirá analizar sus dos particularidades esenciales: su carácter normativo y su carácter fundamental. Es este el objetivo que se persigue en el Capítulo I sobre la “Relación entre la Constitución y el Derecho Internacional Privado”, en el Trabajo de Grado que estamos desarrollando en la Maestría.

En lo que respecta al carácter normativo, el ordenamiento jurídico de cada Estado está conformado por un sistema integrado de leyes, dentro de las cuales destaca la Constitución, que comprende: los principios y valores sobre los cuales se fundamenta el Estado; la consagración de derechos y deberes de los ciudadanos; la organización de las instituciones y los poderes públicos; y el proceso de reforma del texto constitucional. Mientras que el carácter fundamental se materializa a través de dos características: a) es una norma supralegal, por lo cual su contenido sólo podrá ser reformado mediante un procedimiento especial, distinto del consagrado para la creación y modificación de normas; y b) sus preceptos no pueden ser alterados, contradichos o ignorados por la acción u omisión de los poderes públicos.

En pocas palabras, la Constitución consagra la estructura general de todo el aparato estatal, sus principios, valores, organización y funcionamiento. En tal sentido, cobra especial importancia el establecimiento dentro del texto constitucional de las bases de política exterior del Estado, con las consecuencias jurídicas y prácticas que de ella se derivan; lo cual, ciertamente, constituye un elemento esencial a la hora de analizar la determinación de la jurisdicción, tema que será estudiado en el Trabajo de Grado que llevamos adelante, y en el cual puede hacerse evidente la relación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional.

En otro orden de ideas, Petzold Rodríguez advierte que el orden público representa los principios inherentes al ordenamiento jurídico, que están por encima de las leyes estatales (2001:19); pudiendo ser analizado desde dos perspectivas: ámbito interno y ámbito internacional. Es este último el contexto que interesa a los fines de la presente investigación; pues, se analizará el orden público en su carácter de institución de Derecho Internacional Privado y de excepción a la aplicación del derecho extranjero.

Las mayores dificultades presentes al momento de analizar el orden público están relacionadas con: a) la imprecisión del concepto de principios fundamentales del ordenamiento jurídico; b) la libertad que se otorga al juez para que, en cada caso concreto, determine si resulta aplicable o no la excepción de orden público; y, c) la mutabilidad del concepto, de acuerdo a la realidad de cada Estado y a la evolución que el mismo puede sufrir con el paso del tiempo.

En efecto, la determinación de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico es una tarea complicada, pues no todas las normas contenidas en el texto constitucional consagran ese tipo de principios, debiendo el juez, en cada caso concreto, realizar un análisis de los aspectos involucrados en el conflicto a resolver, para establecer si el derecho extranjero viola o no el derecho del foro (Maekelt, 2008: 393).

En razón de lo anterior, el orden público ha tenido y sigue teniendo una influencia significativa en la resolución de conflictos con elementos de extranjería; sin embargo, su mayor o menor incidencia dependerá de la regulación que tenga el Estado de que se trate en materia procesal internacional y del juicio de valor que realice el juez encargado de solucionar la controversia planteada.

Establecido lo anterior, corresponde de seguidas analizar el concepto de jurisdicción, sus características fundamentales y la relación que existe entre la Constitución y la jurisdicción, para determinar las relaciones entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional –Público y Privado–.

Así, se tiene que la jurisdicción es considerada como una potestad del Estado, resultante de la soberanía, que consiste en su poder abstracto de resolver conflictos intersubjetivos con fuerza de cosa juzgada. En términos más sencillos, se puede definir a la jurisdicción como la potestad que tiene todo Estado para conocer y decidir, con fuerza de cosa juzgada, un caso con elementos de extranjería relevantes. Este tema puede abordarse desde dos puntos de vista: en primer término, entendiendo a la jurisdicción como un derecho-deber que posee cada Estado; y, en segundo lugar, como un derecho de los ciudadanos.

Se ha dicho que es innegable la influencia del Derecho Constitucional en el Derecho Internacional Privado, principalmente en lo que se refiere a las fuentes de este último, la aplicación del derecho extranjero y en la esfera de las garantías procesales (Maekelt, 2008: 399).

En este sentido, se observa que en la Constitución se encuentran consagrados los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico que, sin lugar a dudas, influyen en numerosos ámbitos del Derecho Internacional Privado. Así, en la Constitución venezolana se establece que el Derecho Internacional Privado es una materia de reserva legal (art. 156, num. 32).

Ahora bien, al analizar el texto constitucional, se constata que en el mismo no están contenidas normas de conflicto ni normas expresas sobre jurisdicción; sin embargo, ello no constituye un impedimento para que, de manera indirecta, se aprecie una injerencia. En efecto, la influencia de las normas constitucionales se produce, principalmente, en la regulación sobre tratados internacionales, orden público y garantías procesales.

La potestad que poseen los Estados de regular lo relativo a la jurisdicción forma parte de su soberanía y, en consecuencia, el Estado venezolano determina soberana y unilateralmente los límites de su propia jurisdicción (Hernández-Breton, 2008: 96). Ahora bien, al existir una pluralidad de Estados, igualmente soberanos, deben existir límites para evitar una infracción internacional, los cuales vienen impuestos por el Derecho Internacional Público (Virgós Soriano, 2000: 41). En tal sentido, se señala que los principios fundamentales de cada sistema deben ser respetados, pero también debe garantizarse que los tribunales asuman su competencia sobre bases razonables, con respeto de la internacionalidad de los casos y de los derechos de los litigantes (Fernández Arroyo, …: 112).

En el caso venezolano, es importante destacar el contenido de algunos artículos de la Constitución, como son: el artículo 2 (principios fundamentales); artículo 1 (derechos irrenunciables de la Nación); y artículo 19 (principio de progresividad de los derechos humanos). Específicamente en materia judicial, la Constitución consagra los derechos: de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva (artículo 26), y al debido proceso (artículo 49); los cuales han sido reconocidos como derechos humanos en instrumentos internacionales. Corresponde entonces analizar de qué manera estos derechos están relacionados con la determinación de la jurisdicción y cómo pudieran afectar los criterios atributivos de jurisdicción el goce y ejercicio de los mismos por parte de los justiciables.

De lo anterior se desprende la vital importancia de que los criterios atributivos de jurisdicción sean fijados por los Estados de forma razonable, atendiendo a los principios y valores contenidos en su propia Constitución, pero también en acatamiento a las obligaciones internacionales asumidas mediante la suscripción y ratificación de tratados sobre la materia; de manera tal que se logre un necesario equilibrio entre los derechos de la parte demandante y los de la demandada (Maekelt, 2008: 396).

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