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Novedades

01 Jul

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Junio, 2013

1. Divorcio

Jurisdicción: en el derecho procesal venezolano, la competencia interna del tribunal que puede conocer del divorcio se determina por el lugar donde estuvo el domicilio conyugal de la pareja (art. 754 CPC). En el Derecho internacional privado, la jurisdicción del tribunal extranjero para conocer de las relaciones familiares, se determina por el domicilio de las partes, vale decir, el lugar de la residencia habitual o por sumisión a otra jurisdicción. TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97

2. Domicilio

a. Calificación

(i) Personas físicas: el domicilio elegido por el demandante para divorciarse, como es el despacho de su abogado en el Estado Marroquí, no se corresponde con el domicilio que regula la Ley de Derecho Internacional Privado (art. 11), el cual se refiere al del territorio del Estado donde está ubicada la residencia habitual del demandante (art. 23). TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97

b. Criterio general atributivo de jurisdicción

(i) Prueba

  • Se evidencia de la sentencia extranjera que el demandante del exequátur declaró ante el tribunal extranjero que él trabajaba en una empresa en Venezuela; y en la copia del escrito que introdujo su apoderado afirmó que a pesar de la solicitud interpuesta ante el tribunal que conoce del divorcio incoado por su esposa en nuestro territorio, su representado optó por presentar su demanda de divorcio ante el Gobierno de su país de origen (Marruecos), lo cual se tradujo, en una sentencia de divorcio. En atención a lo anterior, existen suficientes indicios que demuestran que el cónyuge demandante, tenía su residencia habitual en Venezuela y que el domicilio establecido en Marruecos era sólo uno elegido para intentar la demanda de divorcio; pues si se trabaja en una empresa ubicada en Venezuela, necesariamente la residencia habitual está en ese mismo territorio, y si se conoce de una demanda previa de divorcio y se inicia en otro Estado mediante un domicilio elegido, es evidente que en ese país no está la residencia habitual del demandante.  TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97
  • En la solicitud de custodia presentada se aduce que en el año 2003, el solicitante y su ex cónyuge -progenitora del menor de edad de sus tres (3) hijos-, acordaron que el niño viviera en la casa de sus abuelos paternos ubicada en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, España, ciudad en la que actualmente tiene su domicilio junto al solicitante, de acuerdo al “CERTIFICADO DE RESIDENCIA”. Por otra parte, se observa de los autos el “Documento Nacional de Identidad” N° 79065645V, mediante el cual se evidencia que el adolescente adquirió la nacionalidad española. Asimismo, de las actas del expediente pudo constatarse que el adolescente cursa sus estudios de bachillerato en dicha ciudad ibérica, según la constancia de estudios y del “Boletín de Calificaciones”. De lo anterior se desprende, que el adolescente tiene su domicilio en España, es decir, tiene constituida su residencia habitual fuera de Venezuela; en razón de lo cual debe concluirse que el Poder Judicial venezolano no tiene jurisdicción para conocer la solicitud presentada en materia de custodia del adolescente hijo del accionante (art. 24 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 626 del 05-06-2013, Exp. 2012-1346
  • Consta en las actas procesales la “Tarjeta de identificación” del demandante, emitido por las autoridades de los EE.UU., de la cual se constata que es residente permanente desde el 12/07/01. TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493

3. Exequátur

a. Fuentes

(i) Normas internas

  • Cuando se solicita el exequátur de una sentencia dictada por un Juzgado de Marruecos, país con el cual Venezuela no ha celebrado tratado público en materia de reconocimiento de fallos, el exequátur se revisará según los requisitos pautados en la LDIP (art. 53). TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97
  • Se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de EE.UU., país con el que Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano que consagran los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela (art. 53 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493

(ii) Tratados: cuando se solicita el exequátur de una sentencia emanada de un tribunal de Colombia, país con el cual Venezuela ha celebrado tratado público en materia de reconocimiento de fallos, como lo es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, suscrita por ambos países, la cual resulta aplicable al caso concreto, en razón de lo cual, la decisión extranjera en cuestión, tratándose de la declaración de disolución de matrimonio -asunto relativo a la materia civil-; será revisada, conforme a lo pautado en el mencionado tratado (art. 1). TSJ-SCC, sentencia N° 328 del 14-06-2013, Exp. 2013-78

b. Requisitos

(i) Cosa juzgada

  • El carácter de cosa juzgada del fallo cuyo pase se pretende, quedó demostrado por lo establecido en la propia decisión, la cual expresó: “…Considerando que las decisiones judiciales relativas al divorcio son inapelables en su parte correspondiente a poner fin a la relación conyugal (artículo 128 del Código de Familia)…”. Asimismo, dicho carácter se evidenció del acta consignada en el expediente del Registro, emanada del Ministerio de Justicia del Reino de Marruecos, Tribunal de Apelación de Fez, Juzgado de Primera Instancia de Taounate, Sección Notarial de Taounate, que indicó: “…el Sr. Mohamed Berouayel (…) ha declarado obtener una orden judicial n 360/02/2008, sentencia n 586 emitida el 1/07/2009 de su divorcio de su esposa la sra Bel-HalNajia (…) esta orden incluye su acta de matrimonio n 54, folio 81- registros de matrimonios y divorcios 16, sección notorial de Alocema, de fecha 14/05/1996, por divorcio primero definitivo por falta de entendimiento”. TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97
  • La sentencia extranjera también cumple el requisito de haber adquirido fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada, pues consta del propio fallo traducido al castellano y legalizado con la Apostilla de La Haya, que la sentencia es una “sentencia definitiva de disolución de matrimonio”, cumpliéndose con esta mención el requisito sobre la fuerza de cosa juzgada exigida por el legislador. Asimismo, del fallo extranjero cuyo pase se solicita se evidencia el señalamiento en la sentencia definitiva sobre la mención: “Se ordena y se sentencia lo siguiente: 1. Queda disuelto el matrimonio entre las partes… HECHO Y ORDENADO en Sala Judicial en Kissimmee, Condado de Osceola, Florida hoy tres de septiembre de 2003”, con lo cual se constata que la causa pasó a fase de ejecución, lo que sólo es posible si ha adquirido previamente fuerza de cosa juzgada. TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493
  • En los recaudos acompañados con la solicitud de exequátur, se encuentra copia certificada de la decisión de fecha 29 de marzo de 2011, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala de Familia, mediante la cual, conociendo la apelación ejercida por el demandante en divorcio contra lo decidido en la primera instancia; quedan ratificados los términos con fundamento en los cuales fue declarada la disolución del vínculo matrimonial que unía a los hoy solicitantes del exequátur. Así lo expresó el Juzgado de Familia de Bogotá D.C., cuando mediante el auto correspondiente, señaló: “…Para los fines legales a los que haya lugar, obedézcase lo decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala de Familia de Bogotá D.C., en providencia de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011), por medio del cual confirma la providencia dictada por este Despacho el día 24 de enero de 2011. Ejecutoriado el presente auto, regresen las diligencias al despacho para proveer lo que en derecho corresponda. NOTIFIQUESE (sic)…”. En consecuencia, lo decidido en el fallo se encuentra ejecutoriado en Colombia. TSJ-SCC, sentencia N° 328 del 14-06-2013, Exp. 2013-78

(ii) Debida citación: la persona contra la cual se pretende que obre la declaratoria de exequatur de la sentencia extranjera en Venezuela, alega en la contestación del exequátur, que no fue debidamente citada para comparecer al juicio de divorcio instaurado en el extranjero, impidiéndosele una oportuna defensa. De los recaudos agregados a las actas junto con el escrito de solicitud del exequátur, se evidencia que fue librada una “declaración jurada de búsqueda diligente” por parte del cónyuge demandante, quien juró y dio la siguiente declaración: “que el demandante ha realizado una búsqueda e indagación diligente para descubrir el lugar de residencia de la demandada (…) y el lugar de residencia se detalla en esta declaración tal como lo conoce el demandante; el demandante ha realizado las siguientes tentativas de ubicar el lugar de residencia del demandado (…)”. Por último, consta que el demandante declaró bajo juramento que realizó una “búsqueda exhaustiva en internet”, sin que esta arrojara ningún resultado positivo sobre la práctica de la citación.

Sin embargo debe señalarse, que para la fecha de dicha “declaración jurada de búsqueda diligente”, la cónyuge demandada se encontraba en Venezuela, tal y como se evidencia de la hoja de datos certificados emitida por el Director Nacional de Migración y Zonas Fronterizas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, en la que se evidencia que durante todo el año 2003 la demandada no presentó movimiento migratorio, lo que permite presumir que se encontraba en el país para el momento que se intentó su citación. Por otro lado, consta de las actas que su último domicilio no coincide con el que el demandante mencionó en el juicio extranjero para ubicarla en el país, resultando nugatorias dichas diligencias.

La Corte de EE.UU, se limitó a la “declaración jurada de búsqueda diligente” presentada por el demandante, por tal razón no cumplió con la citación de la demandada para comparecer al juicio ni procuró la designación de un defensor ad litem o representante judicial para la protección de sus derechos en el mismo, tal como ocurriría en Venezuela, razón por la cual no fue garantizada su derecho a la defensa, ni se le otorgaron las garantías necesarias para ser oída en el juicio; en consecuencia, no puede declararse ejecutoria en Venezuela, a la sentencia de divorcio de EE.UU., que disolvió el vínculo conyugal existente. TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493

(iii) Jurisdicción indirecta

  • En la sentencia extranjera, se indicó que la demandada compareció a la audiencia del 18 de enero de 2009, en la cual declaró “…su oposición a la declaración del demandante arguyendo que él se encuentra fuera del domicilio conyugal…”.

Ahora bien, en este caso en particular, la Sala tomando en cuenta las dificultades propias de las terminologías jurídicas, las diferencias existentes culturalmente y en el derecho de los Estados involucrados, y los problemas propios del idioma, considera que la defensa opuesta por la cónyuge tenía por objeto alegar la falta de jurisdicción del tribunal marroquí, pues usó una defensa propia del derecho interno venezolano como es la falta de competencia del tribunal que conoce del divorcio por no estar en el domicilio conyugal.
De lo expuesto, se evidencia que si bien la demandada siguió el proceso de divorcio en Marruecos, su intervención fue para oponerse a lo alegado por el demandante, pues él estaba fuera del domicilio conyugal, lo cual debe equipararse a la defensa de falta de jurisdicción establecida en el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Por tanto, al no estar domiciliado el demandante en Marruecos, dicho Estado no tenía jurisdicción para conocer del divorcio, pues no estaban dados los supuestos establecidos en la LDIP (arts. 11, 15, 23 y el ord, 1° art. 42).
En consecuencia, el tribunal de Marruecos no tenía jurisdicción para conocer del divorcio, pues no hubo sumisión tácita de la demandada. TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97

  • Consta en las actas procesales la “Tarjeta de identificación” del demandante, emitido por las autoridades de los EE.UU., de la cual se constata que es residente permanente desde el 12/07/01, con lo cual se demuestra el cumplimiento del cuarto requisito referido a la jurisdicción del tribunal que deba conocer el asunto, pues de la propia sentencia, debidamente legalizada y traducida al castellano, se evidencia que el demandante estaba residenciado en los EE.UU. para el momento en que se dictó la sentencia , esto es el 03/09/03. Debe entenderse que el cambio de domicilio del cónyuge demandante con el propósito de fijar en los EE.UU. su residencia habitual, se produjo antes de esa fecha, razón por la cual se cumple lo establecido en el último aparte del art. 23 de la LDIP, esto es, el cambio del domicilio un año antes de intentar la demanda y, por ende, con el cuarto requisito de procedencia del exequátur. TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493

(iv) Orden público

La Sala evaluará si la solicitud cumple plenamente los extremos previstos en el art. 53 LDIP, así como, si la sentencia cuyo pase se solicita no contraría preceptos del orden público venezolano. TSJ-SCC, sentencia N° 343 del 19-06-2013, Exp. 2011-493

Lo dispuesto en la sentencia de disolución de matrimonio civil contraído por los solicitantes del exequátur en fecha 18 de septiembre de 1998, ante la prefecta de la parroquia de San José del Municipio Valencia, estado Carabobo, en Venezuela, no viola principios esenciales del orden público. Lo que implica la protección de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado receptor, impidiendo que algún Estado extranjero intervenga en ello.

Al respecto, las causales invocadas por el demandante, 2 y 3 del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil de Colombia, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992, relativas a “…el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone…”, no contrarían las normas que en materia de divorcio rigen en Venezuela. Por el contrario, se asemejan, y así lo ha determinado la Sala en numerosos fallos, a las causales contenidas en el art. 185 CC.
En base a dicho criterio debe dejarse establecido, que en la sentencia cuyo exequátur se ha solicitado, fue resuelta la demanda de divorcio con fundamento en que la cónyuge abandonó el hogar. De allí que, para la resolución de dicho conflicto, fueron aplicadas las normas legales de naturaleza civil, vigentes en el país en el cual fue dictado dicho fallo, que no contrarían en forma alguna, los principios esenciales del orden público venezolano.
Por tal motivo, al igual que el resto de los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Convención Interamericana Convención Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, la Sala estima cumplido también este último. TSJ-SCC, sentencia N° 328 del 14-06-2013, Exp. 2013-78

c. Jurisdicción

(i) Excepción de litispendencia

Presupuestos: a) Que los tribunales venezolanos no tengan jurisdicción exclusiva sobre el asunto controvertido; b) Que los tribunales venezolanos y el extranjero tengan jurisdicción para resolver el caso según las normas sobre la jurisdicción de la Ley de Derecho Internacional Privado (jurisdicción indirecta); c) Que esté dada la trilogía entre ambos juicios, es decir, que sean las mismas partes, título y causa; d) Que el tribunal extranjero haya prevenido al tribunal venezolano en la citación del demandado; y, e) Que la citación se haya efectuado de conformidad con las normas vigentes de dicho país. Estos requisitos deben cumplirse en forma concurrente para que sea procedente la excepción de litispendencia internacional; entre esos presupuestos está el que ambos tribunales tengan jurisdicción para resolver la controversia.
TSJ-SCC, sentencia N° 318 del 12-06-2013, Exp. 2012-97

(ii) Fuentes

  • Internas: en el caso bajo examen el Juzgado de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, por cuanto el adolescente cuya custodia se solicita tiene su domicilio en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, España. En el caso bajo examen, están presentes elementos de extranjería relevantes que imponen el análisis a la luz del DIP, con miras a precisar la jurisdicción para proveer sobre lo demandado. Por tal razón, debe procederse a la revisión de las fuentes del DIP previstas en LDIP (art. 1). Conforme a estas reglas, al no existir tratado alguno entre España y la Venezuela que regule lo referente a la materia de custodia de los niños, niñas y adolescentes, se hace necesario el examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de la correspondiente determinación. TSJ-SPA, sentencia N° 626 del 05-06-2013, Exp. 2012-1346

(iii) Paralelismo

En consecuencia, los tribunales de Venezuela tendrán jurisdicción, siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el aplicable para regir el fondo del asunto conforme lo establece el artículo 42, antes referido. Por lo tanto, a los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable al caso de autos, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 13 y 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuyo texto preceptúan, el primero de ellos, que el domicilio de los niños, niñas y adolescentes sujetos a patria potestad o tutela se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual; y, en el segundo, se indica que el establecimiento de la filiación así como las relaciones entre padres e hijos, se rigen por el derecho del domicilio del hijo.
Del artículo 24 anteriormente comentado se constata que, en materia de las relaciones familiares -como ocurre en el caso de autos-, la ley o el derecho aplicable es aquél que se encuentra vigente en el territorio del Estado en el cual el hijo tenga su domicilio, entendiendo por éste el territorio del Estado donde el niño, niña o adolescente tiene su residencia habitual, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Con fundamento en lo expuesto corresponde determinar, en el caso bajo examen, si el adolescente cuya custodia fue solicitada al momento de haberse realizado dicha petición ante la jurisdicción venezolana tenía su residencia habitual en la República Bolivariana de Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 626 del 05-06-2013, Exp. 2012-1346

(iv) Sumisión tácita

Este criterio se configura respecto al demandante por la interposición de la demanda y, en cuanto al demandado, cuando al contestar la demanda no alega la falta de jurisdicción del tribunal o no se opone a una medida preventiva (art. 45 LDIP). TSJ-SPA, sentencia N° 626 del 05-06-2013, Exp. 2012-1346

4. Impuestos

Sobre la Renta

Deber de presentación electrónica de las Declaraciones.

5. Tratados

Mercosur

Mecanismos de Cooperación Consular entre los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

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Una respuesta a “Novedades

  1. Anna Karerina

    julio 8, 2013 at 11:59 pm

    TSJ-SCC No. 318 del 12-06-2013, Exp 2012-97. En el presente caso la Sala expone los requisitos concurrentes para que sea procedente la excepción a la jurisdicción por litispendencia, desarrollando de forma pedagógica el postulado del artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado Venezolana (LDIP). Por otro lado, y entre otras observaciones a mi juicio no queda suficientemente argumentado el rechazo del alegato de sumisión tacita a la jurisdicción marroquí que señala el solicitante del exequátur, la Sala realiza una calificación sin profundizar en el procedimiento marroquí asimilando la declaración en el juicio por parte de la demandada (esposa) sobre el hecho del que del demandante se encuentra fuera del domicilio conyugal a la excepción de falta de jurisdicción establecida en el artículo 45 de la nuestra ley especial (LDIP).

     

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