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31 Ago

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Agosto, 2013

1. Exequátur

a. Competencia

(i) Asuntos contenciosos: cuando se solicita que por el procedimiento de exequátur se conceda fuerza ejecutoria en Venezuela, a una sentencia dictada por un Tribunal de Panamá que decidió la demanda por indemnización de daños materiales y morales derivados de un hecho ilícito (accidente de trabajo), la SCC resulta competente para conocer y decidir el asunto, al corresponder a una sentencia dictada en un procedimiento contencioso (art. 28 num. 2 LOTSJ, en concordancia con el art. 856 CPC). TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(ii) Regla general:

  • En los casos en los cuales el exequátur es solicitado para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley, la LOTSJ, atribuyó la competencia, de forma expresa, a la SCC. En cambio, en aquellos casos en los cuales el pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras sea de naturaleza no contenciosa, la competencia corresponderá al Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer dicha ejecutoria en el país (art. 856 CPC). TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178
  • No obstante, la LOTSJ de 2010, art. 26, num. 23, otorgó competencia a la SPA “para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras”, e igualmente, según lo previsto en el art. 28, num. 2, eiusdem, también se le atribuyó tal competencia a la SCC. Pero, dado que ha sido la SCC la que ha venido conociendo de las causas donde se pretenda dar fuerza ejecutoria en Venezuela a sentencias dictadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, a los fines de garantizar la seguridad jurídica del justiciable, se estima que le corresponde a ésta la competencia para conocer de dichas solicitudes.

b. Fuentes

(i) Normas internas: la LDIP derogó los arts. 850 y el 851 CPC, los cuales regían la competencia y la reciprocidad, y los requisitos de fondo que debía cumplir la sentencia extranjera para obtener el pase, respectivamente, de conformidad con el principio de aplicación inmediata de las normas procesales, debe dárseles aplicación desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso (art. 9 CPC y 24 CRBV). TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(ii) Regla general: toda solicitud de exequátur debe fundamentarse para su decisión, en la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado. Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el art. 1° LDIP. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(iii) Tratados:

Código Bustamante: Venezuela suscribió el Código de Derecho Internacional Privado, discutido en la Convención celebrada en La Habana, en la Sexta Conferencia Internacional Americana del 23-12-1931, y publicada el 09-04-1932, del cual se evidencia que Venezuela, en el art. 2° de la Ley Aprobatoria de dicho Código, se reservó la aceptación de varios artículos, entre los que se encuentran, los arts. del 423 hasta el 435, que son específicamente las normas del Título Décimo, relativas a la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, en materia civil (Capítulo I) y en los actos de jurisdicción voluntaria (Capítulo II). Lo anterior, de conformidad con el art. 3° del Código, según el cual “Cada una de las Repúblicas contratantes, al ratificar el presente Convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del Código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se refiera”. Por consiguiente, el Código sólo rige las relaciones entre los Estados contratantes, salvo las materias expresamente reservadas, entre las que se encuentran, en el caso de Venezuela, las relativas al exequátur de las sentencias extranjeras. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

c. Naturaleza

Al tener carácter procesal, el exequátur deberá resolverse con la aplicación de las normas de la LDIP, que al efecto determinen su procedencia o no. No se debe perder de vista el carácter puramente constitutivo o procesal del exequátur. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

d. Noción
Es el procedimiento por el cual se pretende obtener la declaratoria previa de eficacia de una sentencia o acto dictado por una autoridad jurisdiccional extranjera en el territorio de otro Estado, en el cual se quiere hacer valer su ejecución, es decir, es el medio judicial para hacer posible que fallos dictados en un Estado extranjero tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria en otro distinto. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

e. Requisitos

(i) Jurisdicción exclusiva: puede hacerse valer jurídicamente en el país, aquella sentencia extranjera que haya decidido respecto a cualquier otro asunto distinto a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el país, o aquella en la cual, tratándose de otro asunto, el tribunal extranjero al decidir, no le haya arrebatado la jurisdicción exclusiva a Venezuela, materia para cuyo conocimiento, los tribunales venezolanos sí tendrían legalmente atribuida la jurisdicción exclusiva y excluyente. Si en el proceso extranjero se evidencia de las actas procesales que ambas partes se sometieron a la jurisdicción de Panamá para conocer y resolver lo relativo a la reclamación de la indemnización de daños materiales y morales derivados de un hecho ilícito ocurrido con ocasión de un accidente de trabajo, asunto éste que no guarda relación con derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el país o con otros supuestos de jurisdicción exclusiva consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(ii) Jurisdicción indirecta: el num. 4, art. 53 LDIP, es un requisito de carácter procesal y, por esta razón, de aplicación inmediata no obstante el asunto haya ocurrido antes de la vigencia de esta Ley. Este requisito que fue introducido nuevamente, pues se preveía expresamente en el derogado CPC de 1916 (art. 748, ord. 2°), pero no se consagró en el art. 851 CPC, el cual consistía en la determinación de la competencia procesal internacional del tribunal sentenciador. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

2. Jurisdicción

a. Autonomía de la voluntad

Cuando las partes establecen en un contrato una cláusula para determinar la jurisdicción aplicable en caso de ocurrir un conflicto entre ellas, esto se traduce en un acto de voluntad de las partes, es decir, hay una elección voluntaria de la jurisdicción que fue convenida previamente por ellas, pero si posteriormente esas mismas partes modifican esa cláusula, bien a través de otro contrato o por las vías de hecho, esto es acudiendo a otra jurisdicción para demandar en ella el incumplimiento derivado de las obligaciones establecidas en ese contrato, hay también una voluntad de las partes de cambiar y someterse a una jurisdicción distinta a la inicialmente convenida. A pesar de que las partes convinieron en el contrato que la jurisdicción para resolver cualquier asunto relacionado con el contrato, era la de los tribunales venezolanos, al haber acudido el demandante a una jurisdicción distinta y el demandado someterse a ella, sin haber realizado ningún tipo de oposición, ambos modificaron, por vía de hecho, la jurisdicción para resolver sus diferencias contractuales, como fue establecido, con base en esa voluntad, expresada y modificada posteriormente a la suscripción del contrato. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

b. Criterios atributivos

(i) Concurrencia vs. Exclusividad: la concurrencia en materia de criterios atributivos de jurisdicción es la regla general, mientras que toda consagración de un foro exclusivo aparece como excepcional, sujeta siempre a interpretación restrictiva y sólo justificable en la medida en que exista un interés superior que exija su consagración. Los criterios concurrentes garantizan los intereses de las partes, porque, en su mayoría, permiten que estas deroguen o prorroguen la jurisdicción estatal; mientras que los criterios atributivos de jurisdicción exclusiva tienen por finalidad proteger los intereses estatales a través de la aplicación de su derecho objetivo. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(ii) Noción: los “foros” o “fueros”, constituyen los elementos a través de los cuales se verifica si un supuesto de hecho se encuentra vinculado con un Estado determinado. La determinación de cuándo un Estado tiene jurisdicción para resolver un caso de Derecho Internacional Privado no ha sido una tarea simple y los criterios utilizados para ello han variado de manera significativa. Los criterios atributivos de jurisdicción se estructuran en función de los vínculos objetivos y subjetivos existentes entre el litigio con elementos de extranjería y el territorio de un Estado. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

c. Exclusiva

(i) Efectos: el efecto excluyente de la jurisdicción exclusiva se presenta cuando se consagra que las sentencias extranjeras no tendrán efecto en Venezuela si las mismas versan sobre “derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República” (art. 53, num. 3 LDIP); caso en el cual es la propia ley la que ordena que, en caso de conflicto respecto de bienes inmuebles ubicados en el país, deban conocer de manera exclusiva los tribunales venezolanos. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(ii) Noción: la exclusividad de la jurisdicción, sólo es posible en los supuestos de expresa regulación legal. Por tanto, estos foros no pueden ser interpretados de manera extensiva; únicamente operan en los supuestos expresamente señalados con este carácter y producen los efectos procesales derivados de su exclusividad, sin que puedan ser extendidos a otras materias por vía de interpretación analógica. La jurisdicción exclusiva atiende a la especialidad de la materia y se justifica por la primacía de los intereses públicos presentes o por la fuerte o estrecha vinculación del objeto del litigio con un ordenamiento jurídico determinado, normalmente atribuida mediante una ley o decreto de manera única y exclusiva a los tribunales del foro, excluyendo la posibilidad que conozcan otros tribunales distintos a los asignados en dicho texto. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

(iii) Supuestos: el art. 10 LCM en los contratos de transporte de bienes o personas que ingresen al territorio venezolano, entre otros; y el art. 56 LOEAI, establece la mención de las islas e instalaciones artificiales en el espacio acuático. TSJ-SCC, sentencia N° 487 del 06-08-2013, Exp. 12-178

3. Documentos públicos

a. Extranjeros

  • Exequátur: para que la copia certificada de una sentencia de divorcio extranjera pueda servir de medio de prueba en un juicio en Venezuela debe aplicarse lo establecido en el artículo 53 LDIP. La legalización de este documento debió hacerse siguiendo las pautas establecidas para el otorgamiento del exequátur correspondiente, toda vez que es el procedimiento a través del cual las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, adquieren fuerza ejecutoria en Venezuela. TSJ-SCS, N° 11 del 15-02-2013, Exp. 11-483
  • Legalización: si bien es cierto que la documental en cuestión aparece refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, también queda demostrado que la prueba no fue sometida a los trámites necesarios para su debida legalización, de conformidad con lo establecido en los arts. 11, num. 29 y 54, num. 9 LOSC. Ahora bien, nos encontramos ante una prueba documental emanada de una autoridad extranjera, que no cumplió con el debido trámite de legalización para que la misma sea válida; a tal efecto, tal probanza resulta a todas luces ilegal y en consecuencia, debe ser desestimada en el juicio. TSJ-SCS, N° 11 del 15-02-2013, Exp. 11-483

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