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A propósito de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del exequátur

05 Nov

Octubre, 2013

Dr. Víctor Hugo Guerra
Profesor de Derecho Internacional Privado
UCAB y UCV

A propósito de la sentencias N° 808 del 08-10-2013 emanada de la SCS del TSJ, en la cual se plantea, en materia de competencia para conocer de las solicitudes de exequátur, la reserva realizada por la CRBV a los tribunales especializados para conocer de las causas vinculadas con niños, niñas y adolescentes, en virtud de las consideraciones que afectan al Derecho Internacional Privado, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. Se plantea un tema reiterativo, y en mi opinión superado desde los años 80 con la vigencia del CPC, sobre la competencia de la CSJ hoy TSJ para conocer de exequátur sólo en materia contenciosa. Con lo cual, la sentencia no aporta nada muy novedoso.

2. Si bien, nos hemos manifestado en pro de la especialización de la jurisdicción, por considerar que la misma es el camino adecuado para asegurar la protección de los derechos constitucionales, tal especialización no puede llevar a los jueces a vulnerar principios legales, tales como asumir una competencia que por ley no les corresponde. Es decir, no estoy de acuerdo en que la SCS asuma, por control difuso de la Constitución, y por propia interpretación del art. 28, num. 2 de la LOTSJ, la competencia para conocer y decidir los casos contenciosos de exequátur cuando estén involucrados niños, niñas y adolescentes. No estoy de acuerdo con la decisión. Considero que con esta llamada “especialización” no se protege más o mejor a la infancia. Esta protección podría perfectamente ejercerla la SPA en la revisión que ésta haga de la sentencia extrajera, antes de darle el pase. Por no quedarnos más remedio ahora vivimos la dicotomía de competencia entre la SPA y la SCC, acatando el mandato legal hasta que esté vigente o sea reformado.

3. Nos queda por ver que dice la SC sobre esté control difuso de la Constitución del art. 28, num. 2 de la LOTSJ. Considero que dicho control tiene límites, los cuales han sido sobrepasados por la SCS en esta decisión. Creo que la integridad de la Constitución no se ve vulnerada por esta norma.

4. Como lo señalo en mi libro “Límites constitucionales del Derecho Internacional Privado” (Diké, UCV, Medellín, 2013, p. 270, nota al pie 408), el juicio previo de exequátur debe quedar restringido sólo a la competencia de la SPA. Entendiendo que la naturaleza del juicio previo de eficacia radica en que el juez receptor no revisa el fondo de la sentencia extranjera, sino que simplemente debe limitarse a la revisión formal de la sentencia extranjera.

5. Tal y como me lo comentó el profesor Eugenio Hernández-Bretón en una oportunidad, la modificación histórica de la reforma del 2004 de la LOCSJ, atribuyendo la competencia del exequátur a la SCC, se debió al criterio personal y peso político del fallecido Carlos Escarrá. Esta situación se mantuvo hasta el 2010, cuando se promulga la LOTSJ, en la cual, sin eliminar la competencia a la SCC, se le re atribuyó a la SPA la competencia del juicio previo (art. 26, num. 23). Creándose una duplicidad que entiendo ha funcionado en la práctica, por no tener los abogados litigantes otro remedio.

6. Creo que este desarrollo del juicio previo de exequátur en Venezuela va en contravía de las tendencias modernas, las cuales tienden a simplificar la eficacia extraterritorial de actos y sentencias extranjeras. Una excesiva especialización pareciera estar orientada a la revisión de fondo de temas que, en realidad, el TSJ no debería hacer en exequátur. En mi opinión el chauvinismo y exceso de territorialismo pareciera que priva en el criterio de los magistrados actuales del TSJ, lo cual no es extraño en las actuales condiciones políticas de Venezuela.

7. Finalmente, no creo que la SCC pretenda quitarse el exceso de casos de divorcios con el llamado de la SCS de conocer de las solicitudes de exequátur de sentencias de divorcios extranjeras en las cuales estén involucrados niñas, niños y adolescentes. Pero en realidad, es la SCS la que está asumiendo competencias (ergo casos) que por ley no le corresponden. Por lo que considero que más bien se trata de un exceso de “proteccionismo” de la infancia, que puede a su tiempo terminar convirtiéndose en un territorialismo que no haga posible ejecutar en Venezuela este tipo de sentencias.

En los actuales momentos la judicatura debe reforzar cuál es el sentido y alcance del juicio previo y cómo el mismo en la actualidad mundial tiende a flexibilizarse en lugar de restringirse.

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2 Respuestas a “A propósito de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer del exequátur

  1. Francisco Suárez Schanely

    noviembre 5, 2013 at 6:11 pm

    Saludos.

    Estoy de acuerdo con que este es un problema que tendrá que dilucidar la Sala Constitucional. Ya en anterior oportunidad el Boletín informó la introducción de un recurso, creo que de colisión, para resolver esta dualidad de competencias entre la SPA y la SCC dentro de los artículos 26(23) y 28(2) de la LOTSJ. Ahora, la SC deberá también pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del control difuso hecho por la SCS. Veremos si también aprovechará anular, vía control concentrado, alguno de los numerales antes indicados.

    Más allá del tema de la influencia del principio de legalidad en la determinación de la competencia interna, lo cual podría discutirse bastante, me parece interesante algún análisis hecho desde la perspectiva de la llamada teoría económica del Derecho y de la fulana idea de la persistencia del sistema jurídico más eficiente.

    Esta multiplicidad de competencias internas entre las tres Salas genera una interesante situación para quienes estén en momento de decidir sobre dónde introducir su solicitud de exequátur contenciosa. La producción de decisiones cada vez mejor fundamentadas, puede generar una sana competencia entre las Salas, redundando en un beneficio para el sistema.

    En discusiones que he tenido en suplencias, siempre me he inclinado por sugerirle a quien pregunta, presentarlas ante la SCC. Ello, en vista de que, en mi limitada perspectiva, las sentencias de la SCC están casi siempre mejor fundamentadas a aquellas provenientes de la SPA, desde el punto de vista del análisis de fuentes y el control individualizado de los requisitos previstos dentro de estas últimas. Me parece que dentro de la SPA hay mucho de la actividad de “copia y pega”. Es claro que esta es una opinión compleja, todo el peso recae en el escribiente (o el asistente del magistrado) a quien le tocó fortuitamente la redacción de la sentencia, por lo que las generalizaciones son siempre criticables, en vista de la aleatoriedad de la distribución de los expedientes, la rotación de los magistrados y de sus ayudantes, etc.

    Sin embargo, no puedo dejar de pensar que esta nueva apertura competencial de la SCS puede redundar favorablemente en una mayor especialización de sentencias de exequátur que involucren a niños, niñas y adolescentes.

    Esta sentencia de la SCS va a poner en un dilema a la SC. La SC ya ha admitido incluso la creación de nuevos criterios atributivos de jurisdicción por vía jurisprudencial, cuando está involucrado el mejor interés del niño y del adolescente (SC-TSJ No. 1570 de fecha 20 de octubre de 2011 (Miriam Bazzi Domínguez)). Si puede lo más, no veo porqué no puede admitir lo menos (nuevos criterios atributivos de competencia interna por vía jurisprudencial). Es claro que todo se reduce a un asunto de fundamentación, y sin embargo, no puedo dejar de pensar que la SCS tiene un punto válido en el principio de especialización.

     

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