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Proyecto de Arbitraje Comercial Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA)

05 Dic

Prof. Ramón Escovar Alvarado
Profesor de Derecho Internacional Privado-UCAB y la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado-UCV

El Departamento de Derecho Internacional de la OEA (DDI), ente encargado de incentivar y promocionar la unificación y armonización del Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado de los Estados Miembros, actualmente está desarrollando y poniendo en marcha un proyecto de arbitraje comercial. El objetivo del proyecto de arbitraje es promover la cultura pro-arbitraje en los operadores de los sistemas de justicia de los países miembros, con especial énfasis en los funcionarios judiciales. Así, se busca promover la correcta aplicación de las normas internacionales sobre arbitraje comercial y el efectivo reconocimiento y ejecución de laudos.

La estrategia a través de la cual la DDI pretende alcanzar el objetivo de su proyecto de arbitraje consiste en: (i) la promoción e implementación de programas y talleres regionales de capacitación dirigidos tanto a funcionarios judiciales como a operadores de los sistemas de justicia de los Estados miembros; (ii) la elaboración de redes y bases de datos que faciliten el intercambio de información relevante sobre el desarrollado del arbitraje en cada uno de los Estados miembros; y (iii) la preparación y publicación de estudios relacionados con el comercio internacional y el arbitraje.

Cabe destacar que en Venezuela el principio pro-arbitraje no sólo está consagrado en el texto fundamental, sino que adicionalmente es desarrollado por una serie tratados internacionales vigentes en el país y por la Ley de Arbitraje Comercial. En efecto, en Venezuela se encuentran vigentes: (a) la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York); (b) la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (Convención de Panamá); (c) la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros 1979 (Convención de Montevideo); y (d) el Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros –vigente desde 1911- (Acuerdo Boliviano). Dichos instrumentos normativos conforman un régimen favorable a la institucional arbitral.
No obstante lo anterior, uno de los grandes retos actuales de los mecanismos de resolución de conflictos en Venezuela está en incrementar la aplicación de las normas especiales sobre arbitraje y en lograr mayor efectividad en la ejecución de los laudos. Sólo en contadas ocasiones la jurisprudencia nacional ha aplicado cabalmente las normas especiales de arbitraje. Asimismo, la ejecución de los laudos es hoy el talón de Aquiles del sistema de arbitraje. En efecto, mediante la interposición de recursos de nulidad y de amparo, así como de la puesta en práctica de tácticas de dilación judicial indebida se ha logrado burlar las normas de ejecución de laudos.

Uno de los grandes avances de la Constitución de la República de 1999 fue justamente el haber concebido el sistema de justicia como un servicio público en el cual los comerciantes detentan una gama de alternativas para dirimir de forma definitiva sus controversias. De acuerdo con la propia Constitución, el arbitraje forma parte integrante del sistema de justicia y cualquier restricción irrazonable al derecho de los justiciables a acceder a él constituye una violación a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional -derecho que paradójicamente es a menudo utilizado para fundamentar las decisiones judiciales que no aplican normas especiales de arbitraje o que burlan el régimen de ejecución de laudos- sólo puede expandirse en la práctica con el desarrollo de iniciativas como la del proyecto de arbitraje de la OEA. Experiencias similares (en materia laboral y de familia) han generado alentadores resultados para los justiciables venezolanos. Por tanto, la iniciativa de la DDI debe ser bienvenida por los distintos operadores del sistema de justicia venezolano.

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