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El arrebato de la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos en los casos de acuerdos patrimoniales celebrados en un juicio de divorcio extranjero

01 Mar

Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Abog. Bernadette Rodríguez Nedelka

El control de la jurisdicción del Estado sentenciador, como condición específica y autónoma en el exequátur, debe quedar limitado a la protección de la jurisdicción exclusiva de los jueces y tribunales del foro. En cualquier otro caso se desvanecería bajo la dimensión procesal del orden público. Este sería suficiente para impedir la eficacia en el foro de sentencias dictadas por jueces totalmente desconectados del asunto o competentes en función de una conexión que lesiona los derechos de defensa.

Hemos afirmado, que los foros exclusivos producen un doble efecto excluyente: impiden el funcionamiento de la autonomía de la voluntad de las partes, y de cualquier otro criterio atributivo de jurisdicción y, como consecuencia lógica, el reconocimiento y ejecución de una sentencia que dicte un tribunal extranjero en esas materias. Ejemplo de este doble efecto excluyente lo encontramos en el sistema venezolano al consagrarse que las sentencias extranjeras no tendrán efecto en Venezuela, si las mismas versan sobre “derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República”, o si se le hubiere “arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio” (art. 53.3 LDIP), sobre esta segunda parte del numeral 3 centraremos nuestra atención en esta oportunidad, a la luz de los criterios jurisprudenciales que ha venido reiterando la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 53 en su numeral 3, consagra un requisito negativo para el reconocimiento de sentencias y demás actos de autoridades extranjeras en Venezuela. En opinión de Hernández-Bretón la lectura concordada de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 53 de la LDIP conduce a limitar el alcance de lo dispuesto en el numeral 3 a los casos de inmuebles individualmente considerados, situados en Venezuela y no en los casos en que los mismos formen parte de una universalidad.

La Sala de Casación Civil, estableció en sentencia N° 390, de fecha 31 de mayo de 2012, expediente N° 570, caso: Richard Guillermo Da Silva Jardine y Shaheeda Begun Mandal Silva, reiterando el criterio sostenido en sentencia Nº 39 de fecha 31 de enero de 2008, expediente 990, caso: Belitza Navarro y Enrique Díaz, al señalar que:

“Es importante destacar que no se puede considerar que la sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende en Venezuela le hubiere arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, cuanto la controversia no versó sobre derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el Territorio de la República. En efecto, el requisito establecido a este respecto está referido a la acción; es decir, que la acción interpuesta hubiere tenido por objeto la propiedad u otro derecho real sobre bienes inmuebles situados en territorio venezolano. Por cuanto, si lo que se trata es de un pronunciamiento de divorcio en el cual se incluye la partición de bienes, pero esta última a través de una homologación de lo decidido por las partes; en este sentido, la propia sentencia establece una clara diferencia y separación entre ella y el acuerdo de partición” (resaltado nuestro).

La Sala ha puntualizado en sentencia N° 44 del 03 de febrero de 2014, expediente Nº. 2009-615, caso: Annibal Raymond Montesinos Rodríguez y Bárbara Burgos Hernández, “que el presupuesto necesario para que no pueda por vía convencional ser derogada la jurisdicción de la República, es que el asunto verse sobre bienes inmueble  y que tal derogatoria afecte una controversia presente o futura, lo que es lo mismo, que la materia sea de tipo litigioso, que viene a significar que las partes tienen posiciones encontradas respecto a un asunto que está siendo o ha de ser dirimido por vía jurisdiccional” (resaltado nuestro).

En consecuencia, cuando no se sometió a discusión o decisión de la jurisdicción del tribunal extranjero la división de los bienes reales ubicados en la Venezuela, al contrario el pronunciamiento que realiza la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita, es simplemente la homologación de lo decidido y convenido de mutuo acuerdo por las partes debe entenderse cumplido el requisito negativo, en cuestión. Por lo tanto, no hubo arrebato de jurisdicción ya que no se violó el artículo 47 de la LDIP.

En nuestra opinión, cuando un ordenamiento jurídico exige el control de la jurisdicción del tribunal extranjero al juez del Estado receptor, lo que está implícito en dicho control es preservar la jurisdicción exclusiva de este último. Los supuestos de jurisdicción exclusiva atienden, por lo general, a la especialidad de la materia y se justifican por la primacía de los intereses públicos presentes o por la fuerte o estrecha vinculación del objeto del litigio con un ordenamiento determinado. En consecuencia, la jurisdicción se atribuye de manera única y exclusiva a los tribunales del foro, excluyendo la posibilidad de que conozcan otros tribunales de un Estado extranjero. Si el juez en sede de exequátur verifica que conforme a sus reglas sólo sus tribunales eran competentes, de manera exclusiva y excluyente, para conocer del litigio resuelto por el juez extranjero, deberá denegar el exequátur. Si esto no es así, el juez del Estado receptor tiene dos opciones frente al control de la jurisdicción del Estado sentenciador: desinteresarse por el control o verificar dicho control.

Es muy común encontrarnos con sentencias extranjeras de divorcio, en especial provenientes del Estado de la Florida, EE.UU., las cuales son producto de un procedimiento contencioso, en la cual se evidencia la presencia de parte demandante y demandada en cuanto a la acción de disolución del vinculo matrimonial, pero en cuanto al régimen de los bienes habidos en el matrimonio suelen las partes llegar a un acuerdo, el cual es homologado por la misma autoridad y mediante la misma sentencia, que resuelve el divorcio planteado.

Así, no evidenciándose “controversia” en cuanto a los “derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio de la Republica”, mal podría negarse el reconocimiento de la sentencia extranjera que decreta el divorcio y homologa lo que las partes han resuelto para liquidar el régimen patrimonial del matrimonio. No obstante, ante la generalidad antes mencionada, existen algunos casos en los cuales la Sala de Casación Civil ha declarado el pase parcial del exequátur por considerar que no está cumplido el tercer requisito del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, a saber:

La sentencia Nº 785, del 19 de noviembre de 2008, Exp Nº 2007-187, caso: Francisco Percoco y Ana María Arizaleta Páez, en la cual el tribunal extranjero homologó un acuerdo realizado entre los cónyuges, donde uno de ellos recibía en propiedad un inmueble situado en Venezuela. Sin embargo, en la contestación del exequátur el otro cónyuge se opuso al pase de dicho acuerdo con base en la jurisdicción exclusiva del Estado venezolano sobre los bienes inmuebles ubicados en su territorio, ello llevo a la Sala ha negar el pase del acuerdo de partición de bienes realizando el siguiente pronunciamiento “…tratándose de un bien inmueble que según el texto se encuentra ubicado en la República Bolivariana de Venezuela, lo convenido respecto a la propiedad del mismo en el acuerdo suscrito por las partes, y hecho valer en la sentencia extranjera cuyo pase legal se solicita, tiene valor entre ellos, en virtud del mencionado acuerdo, pero no ante terceros, por cuanto respecto a dicho bien, sólo pueden decidir los tribunales nacionales de acuerdo a las reglas de la competencia, no un tribunal extranjero, que en dicha materia no tiene jurisdicción (…) Así, aún cuando no se arrebató a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer de la disolución del vínculo matrimonial (…), sin embargo, visto que el fallo en referencia también versó sobre derechos reales relativos a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, lo declarado en dicha sentencia en relación a los inmuebles de los cuales se trate, no puede ser ejecutoriado en nuestra República…”.

La decisión antes mencionada fue reiterada en fallo Nº 215, del 18 de junio de 2010, Exp Nº 2009-358, caso: Orlando Pompeyo Reyes Oropeza y María Leonor Díaz-Aidos Vidago, en el cual se indicó “…De la sentencia supra transcrita, se desprende que corresponde de manera exclusiva a los tribunales Venezolanos la jurisdicción en materia de bienes inmuebles situados en el país, y la misma no podrá ser derogada en favor de tribunales extranjeros, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por ello, los convenios o acuerdos suscritos por las partes y establecidos por la sentencia cuyo exequátur se solicita, referente a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en la República solo tendrá valor entre ellos, en virtud del mencionado acuerdo, pero no ante terceros, por cuanto tal y como se reitera, respecto a dichos bienes sólo pueden decidir los tribunales nacionales de acuerdo a las reglas de la competencia.

Ahora bien, ante el criterio antes descrito cabría preguntarse si el fallo que otorga el exequátur de los acuerdos de partición de bienes homologados por un tribunal extranjero efectivamente reciben el efecto de la cosa juzgada propio de esta declaratoria o si sólo se trata de dos casos aislados y por ello se ha mantenido en las sentencias posteriores la declaratoria de pase total de dichos acuerdos sin mención sobre su valor jurídico.

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