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Taller: Acceso Internacional a la Justicia

30 Jul

Palabras de apertura

Abg. Francisco Suarez
Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado
Centro de Estudios de Postgrado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

“Buenos días. Les deseamos a todos una muy cordial bienvenida a este taller co-organizado por la Asamblea Nacional y la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la UCV, titulado: “Acceso Internacional a la Justicia”, y dictado en el marco de la aprobación por este cuerpo legislativo del Convenio del 25 de octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia. Un Convenio que redundará en el acceso a la asistencia jurídica por los individuos más desprotegidos en sus relaciones jurídicas transfronterizas: las personas de escasos recursos. Este tratado posee la inmensa virtud, no sólo de permitir el acceso a los sistemas de asistencia pública en todos los Estados contratantes, en las mismas condiciones a aquellas otorgadas por los Estados a sus nacionales o residentes habituales, sino también la notificación gratuita de documentos y de comisiones rogatorias, la asistencia jurídica para asegurar el reconocimiento transfronterizo de una sentencia obtenida dentro de un Estado parte, la imposibilidad de exigir cauciones de arraigo por razones de nacionalidad o residencia habitual extranjera, el acceso en condiciones de igualdad a la emisión de copias así como la legalización de documentos públicos en las mismas condiciones que los nacionales y los residentes habituales, entre otros.

Bien conocemos las dificultades existentes para los individuos de escasos recursos, en el pleno ejercicio de sus derechos. Estas dificultades muchas veces no dependen de la buena voluntad del Estado venezolano en la tutela jurídica de las personas que acuden frente a sus tribunales. En las relaciones jurídica transfronterizas, los individuos muchas veces se topan con muros creados por los Estados extranjeros. Así, una pareja de escasos recursos quienes han obtenido una sentencia de divorcio ante los tribunales brasileños, pueden encontrar dificultades en el reconocimiento de esta sentencia en Venezuela, a partir de la imposibilidad de obtener asistencia jurídica, por motivos económicos, para formular dicha solicitud. Lo mismo puede ocurrir si la sentencia fuese dictada en Venezuela y deseare ser ejecutada en Brasil. Una ciudadana venezolana puede desear obtener ante los tribunales patrios una sentencia que le otorga la guarda exclusiva de sus hijos, y sin embargo, no poseer los medios económicos para notificar al padre de los niños, residente en España. De obtener una sentencia favorable ante los tribunales venezolanos, esta tal vez no posea los medios económicos para ejecutar esta sentencia en el territorio Español, vulnerándosele su derecho a una tutela judicial realmente efectiva.

El Convenio de La Haya a ser aprobado por la Asamblea Nacional pretende derribar estos muros, por lo cual merece el apoyo activo, no sólo de todos los miembros de este cuerpo legislativo, sino también de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de la Academia. El éxito de este instrumento requiere del estudio, implementación, monitoreo y revisión de sus disposiciones.

En este sentido, existen importantes pasos que pueden y deben ser tomados por distintos entes del Estado en la materia, dentro de los procesos de adhesión, divulgación e implementación de dicho tratado, a saber:

1. En el momento del depósito del instrumento de adhesión del Convenio:

a. La adhesión a la totalidad del texto, sin reservas (art. 28).
b. La designación de las Autoridades Centrales, de las autoridades encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia judicial, así como aquellas encargadas de transmitir las solicitudes de exequátur (arts. 3, 4 y 16).
c. Las múltiples declaraciones definiendo la extensión o limitación de las obligaciones previstas dentro del Convenio, tales como:

(i) La admisión de solicitudes de asistencia jurídica fuera de los formularios previstos en el convenio (art. 5);
(ii) La aceptación de solicitudes tramitadas a través de vías distintas a la consular (art. 9);
(iii) La posibilidad de que las solicitudes de exequátur de condena de costas se tramiten directamente sin mediación de las autoridades designadas (art. 16);
(iv) Las lenguas en las cuales se admiten las solicitudes hechas a la Autoridad Central venezolana (art. 24).

2. En la fase de implementación del Convenio:

a. La divulgación por parte de la Asamblea Nacional del contenido del Convenio por ante el Poder Judicial y en particular, los integrantes de la Defensoría Pública, a través de cursos y talleres.
b. La familiarización de los órganos de administración de justicia y sus auxiliares con el uso rutinario del Formulario de Trámites, anexo al Convenio, el cual facilitará la cooperación judicial en la materia.
c. La previsión y asignación presupuestaria para la designación de funcionarios encargados de la tramitación diaria de dichas solicitudes, incluidos particularmente los profesionales encargados de la traducción de los documentos (art. 7).
d. El estudio para la armonización de la normativa del Convenio con el artículo 36 del Código Civil, en relación a la generación de un sistema dual de implementación de la cautio iudicatum solvi, o incluso la derogatoria de este último artículo (Ver Sentencia No. 737 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 13 de julio de 2010 (Carlos Brender); y artículo: MAEKELT, Tatiana y BARRIOS, Haydée: “Derogatoria del Artículo 36 del Código Civil ante la Vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado”. Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Arannguren. Addendum 2001. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp. 297-308).

3. En la fase de monitoreo y revisión:

a. Una especial coordinación entre los tribunales, Autoridades Centrales y demás autoridades designadas bajo el Convenio, para la revisión práctica y estadística de su implementación. Estos datos no sólo constituyen herramientas indispensables para el análisis académico y práctico del éxito de dicho instrumento dentro del Poder Judicial venezolano, sino que también ayudarán en la conformación del expediente venezolano dentro de las comisiones periódicas convocadas por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya en la revisión y mejoramiento de la aplicación práctica del Convenio, particularmente en lo que se refiere a las disposiciones del Formulario de Trámites.
Para concluir, consideramos importante destacar que el Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia está ganando popularidad en el seno de la Conferencia de La Haya. En la actualidad está en vigor entre 26 Estados, dentro de los cuales se pueden mencionar, debido a la importancia de sus relaciones con Venezuela, España, Francia y más recientemente, Brasil.

Para comprender mejor estos temas, contamos el día de hoy con la presencia de los profesores Andrés Carrasquero y Javier Ochoa, ambos docentes de pre y post-grado en materias relacionadas con el Derecho Internacional Privado de las Universidad Central de Venezuela, quienes darán un panorama del contexto de las relaciones iusprivatistas en las cuales se desenvuelve el Convenio así como ilustrarnos sobre sus disposiciones más relevantes. Estimados profesores, el foro es suyo.”.

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