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09 Abr

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Noviembre – Diciembre, 2014

1. Arbitraje

a. Acuerdo de arbitraje

(i) Autonomía de la cláusula

Los órganos judiciales deben realizar un examen preliminar y formal sobre la existencia escrita de la cláusula arbitral, sin extenderse al fondo o vicios en el consentimiento que deriven de la misma, lo cual le corresponderá al tribunal arbitral que las partes pacten al respecto. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

(ii) Efectos

Dado que de las regulaciones interpartes se evidencia que las partes decidieron someter las controversias que pudiesen surgir en la elección de las autoridades del Comité Olímpico Venezolano a la decisión de un tribunal arbitral y, que la adopción de la cláusula arbitral por vía consensual está permitida por la Constitución y las leyes de Venezuela, resulta obligante para esta Sala declarar la validez de esas cláusulas arbitrales, por lo que concluye que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el presente recurso contencioso electoral y declara con lugar la cuestión previa opuesta. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

(iii) Materia arbitrable

La excepción de orden público no obsta para que la materia discutida no sea arbitrable, ya que la voluntad de las partes de someter determinado conflicto a un medio alternativo, aplica desde el punto de vista adjetivo. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

(iv) Noción

Se evidencian en las normas estatutarias transcritas los elementos que identifican un compromiso o pacto arbitral, ya que existe por escrito un acuerdo de voluntades colectivo, asumido con carácter estatutario y no negocial, en los que las partes se comprometieron a dirimir las controversias relacionadas con la elección de sus autoridades ante un tribunal arbitral, específicamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, ubicado en Suiza. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

b. Definición

Es uno de los mecanismos alternativos o subsidiarios de la jurisdicción, para la resolución de conflictos surgidos de una relación contractual o no contractual, en la que los sujetos previamente y de forma expresa sustraen la controversia del conocimiento de los órganos judiciales, y a los fines de determinar si el Poder Judicial tiene o no jurisdicción para conocer y decidir el conflicto, el órgano judicial sólo debe verificar la existencia escrita de la cláusula compromisoria arbitral. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

c. Intervención del Poder Judicial 

La jurisdicción estatal no sólo va a tener un rol de reconocimiento del laudo arbitral, sino que también ejerce un rol de eventual desconocimiento y de reparación cuando un laudo transgreda derechos constitucionales, normas de orden público o cuando se utilice la vía arbitral de una manera que lesione intereses del Estado o se invadan materias que no son susceptibles de acuerdo arbitral. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

d. Fuentes

(i) Internacionales-supranacionalidad

La única supranacionalidad aplicable por encima de nuestro ordenamiento jurídico interno es la que reconoce y define la CRBV (art. 153), cuando la misma deriva de la ejecución de tratados internacionales en materia de integración económica y social. Lo que sí es pertinente en el presente caso, es invocar la subsidiariedad del tribunal arbitral como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, al que las partes manifestaron someterse, cuando se adhirieron a la voluntad consensuada de quienes fundaron al Comité Olímpico Venezolano como asociación civil, sin fines de lucro, autónoma, con personalidad jurídica propia y de carácter no gubernamental, el 23-12-1935 y se acogieron a la cláusula arbitral, que ahora aplica para resolver cualquier conflicto electoral derivado de las elecciones pautadas para el 30-01-2014 y en las cuales participó el recurrente como miembro del Comité Olímpico Venezolano. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

e. Recurso de nulidad

Si bien debe ser reconocida la autoridad de los laudos arbitrales internacionales, a los que se les concede ejecutoriedad plena, los mismos están sometidos al control del ordenamiento jurídico interno, en caso de que una de las partes solicite su nulidad por los supuestos previstos en la normativa vigente, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo VII de la LAC. Lo cual implica que el Poder Judicial puede actuar respecto a los laudos arbitrales que transgredan los supuestos de nulidad, y de esa forma restituir derechos constitucionales o materias de orden público que hayan sido transgredidas. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005

2. Conflicto de jurisdicciones

a. Criterios atributivos de jurisdicción

(i) Acciones de contenido patrimonial

Sumisión tácita: la primera actuación de la representación judicial de la parte accionada en este proceso fue en fecha 04-11-2013 cuando solicitó que se llamara como tercero a la sociedad mercantil PDV, razón por la cual entiende esta SPA que, conforme a lo previsto art. 45 LDIPr., la sociedad de comercio demandada se sometió tácitamente a la jurisdicción de los tribunales venezolanos, toda vez que su actuación estuvo dirigida a la consecución de la causa, motivo por el que no se entra a analizar la validez de las cláusulas contractuales de sumisión a la jurisdicción extranjera alegadas por la empresa demandada (ver sentencias SPA Nros. 00158 del 01-02-2006 y 00567 del 02-03-2006). TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862

(ii) Acciones sobre el estado y las relaciones familiares

Paralelismo: A los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable a la demanda de divorcio, debe atenderse a lo dispuesto en los arts. 11 y 23 LDIPr., en cuyo texto preceptúan, el primero de ellos, que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual; y, en el segundo, se indica, por una parte, que el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Igualmente, debe traerse a colación el art. 12 de la referida Ley, el cual establece que la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido, si cumple con lo indicado en el art. 11. En consecuencia, corresponde determinar en el asunto bajo examen, si la demandante al momento de haberse realizado dicha petición de divorcio ante la jurisdicción venezolana, tenía su residencia habitual en Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136

b. Falta de jurisdicción

(i) Tribunal competente

Corresponde a esta SPA emitir un pronunciamiento con relación al recurso de regulación de jurisdicción planteado, de acuerdo a la competencia que le es atribuida en el num. 20 del art. 23 LOJCA, los arts. 26, num. 20 LOTSJ y 59 y 66 CPC. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136
En el mismo sentido: TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862

(ii) Decisiones sobre jurisdicción y su alcance

  • La apreciación que haga el TSJ respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, sólo tienden a la determinación del tribunal con jurisdicción en la esfera internacional para resolver la controversia, por lo que las consideraciones que se expondrán en el presente fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido. TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862
  • EL TSJ al resolver sobre la jurisdicción, deberá atenerse “…únicamente a lo que resulte de las actuaciones remitidas…” (art. 63 CPC, aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el art. 31 LOJCA), por lo cual no se considerara ningún documento como elemento probatorio para resolver el recurso de regulación de jurisdicción. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136

3. Conflicto de leyes

a. Contratos internacionales

(i) Derecho aplicable
Por tratarse lo demandado, de una cobranza documentaria, dicha convención debe regirse por el derecho indicado por las partes (art. 29 LDIPr.), en defecto de ello, por el derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas (art. 30 LDIP), y además se aplicarán cuando corresponda, conforme al caso concreto, las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación (art. 31 LDIPr.). TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257

(ii) Lex mercatoria

  • Son leyes de carácter privado, no coercibles, cuyo cumplimiento no es impuesto, sino que tienen efectiva vigencia en la práctica, aceptada y obedecida voluntariamente por los intervinientes en el Derecho Comercial Internacional, recopiladas por organizaciones internacionales que desempeñan actividades mercantiles. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
  • Ante una eventual controversia, cuando se trata de un contrato internacional, a falta de la elección de las partes o cuando esta resultare ineficaz, debe el juzgador aplicar “…cuando corresponda…”, (esto es, de acuerdo con el caso concreto); la lex mercatoria, en la cual se incluyen los usos, costumbres y prácticas comerciales de general aceptación internacional (art. 31 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
  • Para la regulación de la actividad bancaria internacional han sido creadas y aceptadas una serie de reglas, que de acuerdo con la voluntad de las partes pueden encontrarse o no incluidas en el contrato, y que se han convertido en algo más que una recopilación de prácticas. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257

(iii) Principios generales del Derecho Comercial Internacional

Dentro de dichos principios se encuentran, aquellos que fueron elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), formulados en 1996 y revisados en 2004, que regulan los contratos mercantiles internacionales. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257

b. Fuentes

(i) Internas

LDIPr.-Derogatorias: Con la entrada en vigencia de LDIPr. “…seis meses después de su publicación…”, lo cual ocurrió en la Gaceta Oficial N° 36.511, el 6 de agosto de 1998 (art. 63); quedaron derogadas “…todas las disposiciones que regulen la materia de esta Ley…, entre ellas, el articulado del CCom. que regulaba hasta entonces las obligaciones y contratos mercantiles en general, dentro de los cuales se incluyen aquellos indicados en el art. 116 del CCom., “…celebrados en país extranjero y cumplideros en Venezuela…”, regidos a partir de la indicada vigencia por los arts. 20 al 33 LDIPr. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257

4. Exequátur

a. Admisibilidad de la solicitud

Los requisitos que necesariamente debe cumplir el escrito mediante el cual se solicita la eficacia jurídica de una sentencia extranjera en Venezuela, son: 1) identificar tanto al solicitante, como a aquel contra quien se pretende que obre la ejecutoria pretendida, con indicación de sus respectivos residencia o domicilio; y, 2) acompañar la solicitud respectiva, con la ejecutoria del fallo extranjero cuya validez jurídica se pretende, para considerar satisfecho este requisito es necesario que curse en los autos alguna mención que permita determinar que la sentencia cuyo pase legal se solicita, se encuentra definitivamente firme. TSJ-SCC, sentencia N° 799 de fecha 04-12-2014, Exp. 2014-14-671

b. Competencia del tribunal

(i) Asuntos contenciosos-SPA

Principio perpetuatio fori: La solicitud de exequátur bajo examen fue presentada en fecha 17-04-2002, esto es, bajo la vigencia de la LOCSJ, en cuyo art. 42, ord. 25, se atribuyó competencia a la SPA para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras. En este sentido, el art. 9 CPC, aplicable por remisión que hace el primer aparte del art. 98 LOTSJ, consagra que: “…La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior”. No obstante, es menester precisar que de aceptarse la aplicación inmediata de la nueva ley procesal, las partes en el proceso quedarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, lo cual, evidentemente lesiona el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En observancia a lo dispuesto en el art. 335 CRBV y en el segundo aparte del art. 4 LOTSJ, que establecen que “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”; esta Sala, en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales y conforme al principio perpetuatio fori (art. 3CPC), declara que le corresponde el conocimiento de la solicitud de exequátur formulada, con fundamento en lo dispuesto en el art. 42, ord. 25, de la hoy derogada LOCSJ. TSJ-SPA, sentencia N° 1749 de fecha 18-12-2014, Exp. 2014-2002-0319

(ii) Asuntos no contenciosos-Juzgados superiores

El exequátur solicitado es de un acuerdo voluntario de mediación, cuya naturaleza es no contenciosa, pues fue creado por las partes fuera del juicio de divorcio contencioso seguido por ellos en el extranjero y en el cual el juez del divorcio sólo impartió una homologación para que fuera cumplido por las partes. En una de sus cláusulas se establecen las cantidades de dinero que deben costear los padres por la manutención y terapias de los hijos menores, por lo cual es evidente que el acuerdo incide en la esfera jurídica de éstos, razón por la cual, como lo determinó la SCS en su sentencia del 08-10-2013, y fue ordenado cumplir con carácter vinculante por la SC, quien debe conocer del procedimiento de exequátur planteado, es el tribunal superior de protección de la jurisdicción en la cual se encuentre el domicilio o residencia habitual del niño, niña o adolescente, cuyos intereses se encuentren involucrados. Ahora bien, dado que los infantes no se encuentran residenciados en el país, pues viven con su madre, quien está domiciliada en USA, esta Sala declina la competencia en el juzgado superior de protección con competencia en el Área Metropolitana de Caracas, al que corresponda por distribución, por ser éste el domicilio de la parte interesada en la petición de exequátur y donde quiere hacerse valer el convenio parcial de mediación, de conformidad con lo establecido en el art. 41 CPC. Así se decide. TSJ-SCC, sentencia N° 835 de fecha 09-12-2014, Exp. 2014-14-643

c. Fuentes

(i) Internacionales

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros: México limitó el alcance y aplicación de la Convención sólo a aquellos casos de sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados partes; por consiguiente, al tratar la sentencia cuyo exequátur se pretende sobre el régimen de convivencia de los niños, niñas y adolescentes, no resulta aplicable la referida Convención. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005

d. Requisitos de fondo

(i) Orden público

  • Noción: El orden público se levanta como el escudo axiológico y ético que le garantiza al Estado la concreción de sus valores superiores en su interrelación con sentencias extranjeras. Es decir, que el orden público en el derecho internacional privado se erige como la vía que le permite al Estado enfrentar el contenido de la sentencia extranjera con el entramado de valores y principios que estructuran las bases de todo el sistema jurídico social, y que subyacen para la defensa del ser humano como dotado de valor, de dignidad para restarle eficacia a dicho fallos. No se pueden tolerar sentencias extranjeras que lesionen e injurien sus objetivos Constitucionales y obliga un examen de cada sentencia a la luz de los valores y principios que recoge nuestro texto constitucional, tales como derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, colectivos, debido proceso, entre otros. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
  • Requisito adicional: el art. 5 LDIPr. contempla la procedencia de la excepción de orden público en el Derecho Internacional Privado, en virtud de que situaciones jurídicas creadas en otro Estado sean manifiestamente contrarias con los principios esenciales del orden público venezolano. Es necesario resaltar que el art. 12 LOPNNA, establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a su persona humana y por consiguiente son considerados de orden público, lo cual impone el examen de esta institución bajo el prisma del orden público en el DIPr. enunciado en el art. 5 LDIPr. Dicha norma jurídica autoriza al Juez venezolano a negar toda eficacia dentro del territorio de Venezuela a aquellas sentencias extranjeras contentivas de situaciones jurídicas que violenten de forma crasa los principios esenciales del orden público, por lo que constituye el aspecto negativo de la consecuencia jurídica en la estructura de la norma, de allí que al observarse fallos cuya decisión, y por consiguiente ejecución, implique la materialización de una evidente lesión a los principios éticos jurídicos que informan al Estado, el jurisdicente dispone de la facultad de rechazar su solicitud de ejecutabilidad, a fin de proteger su ordenamiento jurídico. En estos términos, la aplicación del orden público en el derecho privado internacional desempeña un rol indispensable, tutelando la eficacia y respeto de los principios fundamentales que transversalizan todo el ordenamiento jurídico, con relación a la pretensión de ejecutabilidad de una sentencia extranjera dentro del territorio venezolano. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
  • Diferencia con el orden público interno: Las categorías jurídicas de orden público interno y orden público en el derecho internacional privado, no son enunciados de los cuales se pueda afirmar una correspondencia absoluta, luego materias calificadas como tal a los efectos internos de un país no conllevan inexorablemente su etiquetamiento como materias de orden público internacional para negar la eficacia de sentencias extranjeras, pues son los valores más superiores que establecen y representan la sustancia del ordenamiento socio jurídico los cuales están en juego. En consecuencia, la calificación de una materia como de orden público a nivel nacional no es suficiente per se para rechazar prima facie la aspiración de ejecutividad de una sentencia extranjera en el territorio, lo que obliga a un profundo estudio a fin de considerarla como de orden público en el derecho internacional privado. Con fundamento en lo expuesto, esta Sala advierte lo delicado de esta revisión, pues no solo está en dinamismo los valores y principios esenciales del ordenamiento jurídico del país receptor sino que en muchas oportunidades implica el sacrificio de situaciones jurídicas estables y consagradas en otros territorios, por lo que el juzgador deberá ponderar en cada caso los valores en juego del país receptor, con los valores que subyacen en la situación jurídica real, para adoptar la decisión más justa. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005

d. Procedimiento

(i) Objeto

Se circunscribe y limita al otorgamiento de fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras a fin de revestirlas como título ejecutivo, para que gocen de total y plena efectividad dentro del territorio de Venezuela, sin que la solicitante o contra quien obraría dicha ejecutoria le esté permitido mutar el objeto de dicho proceso, persiguiendo la revisión y modificación del fondo de la decisión extranjera cuando tal actividad judicial ha debido ser desplegada por las partes en el marco de la jurisdicción y del ordenamiento jurídico del país de origen de la sentencia, no disponiendo los órganos jurisdiccionales venezolanos de potestad alguna para asumir la revisión del fondo de los actos de órganos extranjeros, salvo por orden público, pues de conformidad con el sistema de derecho internacional privado venezolano, el juez debe limitarse al examen de los requisitos de forma previstos en la ley respectiva. No se puede perseguir subrepticiamente que mediante el proceso de exequátur se sustancien pretensiones tendientes a conseguir fallos diferentes o adicionales a la declaratoria de fuerza ejecutoria de la sentencia extranjera, pues ello implicaría la alteración de los principios rectores que ordenan el proceso jurisdiccional en Venezuela, tales como competencia, juez natural, debido proceso, etc. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005

(ii) No revisión de fondo

Si bien el proceso de exequátur de ningún modo faculta al órgano jurisdiccional a adentrarse en la revisión del fondo de la sentencia extrajera, el análisis del orden público y el respeto a la constitución le otorgan tal potestad al jurisdicente, con el propósito que penetre en el contenido del fallo y lo examine a fin de garantizar su congruencia con los postulados esenciales del ordenamiento constitucional. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005

(iii) Principio forum regit procesum

La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el Derecho del funcionario ante el cual este se desenvuelve (art. 56 LDIPr.), es decir, que al estar registrada la sentencia objeto de exequátur en los libros de Registros Oficiales del Condado de Miami-Dade, y al haberse consignado en el expediente copia certificada de la misma debidamente apostillada, debe tomarse como válido su contenido. TSJ-SPA, sentencia N° 1749 de fecha 18-12-2014, Exp. 2014-2002-0319

5. Restitución internacional 

a. Fuentes: Convención de La Haya 1980

El Convenio tiene por objeto la restitución segura e inmediata de los niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente al país donde tenía su residencia habitual, entre cualquiera de los países contratantes y que los derechos de custodia y de visita vigentes en dichos países sean respetados en los demás Estados contratantes. Dispone el referido Convenio la devolución del niño, niña o adolescentes a la situación anterior al traslado o retención ilícita a través de la más inmediata pero segura restitución de aquellos a su residencia habitual, con el fin de evitar que sus progenitores, de forma unilateral, modifiquen bruscamente su esfera de vida. TSJ-SC, sentencia N° 1792 de fecha 17-12-2014, Exp. 2014-14-1002  

b. Interés Superior del Niño

En cada situación particular deben analizarse las circunstancias propias que lo identifican a objeto de establecer la solución que más favorezca a las partes en conjunto, procurando el justo equilibrio entre los objetivos inmediatos de disuasión y restitución inmediata, y el Interés Superior del Niño que corre el riesgo de regresar a un ambiente atemorizante y dañino, que podría colocarlo en una situación intolerable que afecte su equilibrio psicológico, así como su desarrollo integral, debiendo aplicarse este principio del interés a objeto de resolver de manera efectiva una situación que resulta delicada por los sentimientos derivados de las relaciones familiares en conflicto. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13
La decisión recurrida que negó la restitución de los niños se fundamentó de manera esencial en la preservación del desarrollo integral y adecuado de los niños, el cual si bien se logra mediante una crianza y convivencia familiar compartida por ambos progenitores, en situaciones particulares como en el caso sub examine en el que los niños provienen de padres con distintas nacionalidades que en virtud del rompimiento de la relación deciden establecer su residencia en sus respectivos países de origen, considera la Sala que lo que verdaderamente le resulta más favorable a los niños requeridos, es negar la restitución solicitada. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13

c. Procedimiento

(i) Excepciones

Conforme el procedimiento de urgencia regulado en la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, así como La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, disponen dentro de su contenido excepciones a la obligación del Estado requerido de ordenar la restitución solicitada, las cuales se encuentran reguladas en los literales a) y b) del artículo 13, antes citada, así como el artículo 20 de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de cuyo contenido se desprenden claramente tres (3) supuestos o excepciones en los que el Estado requerido no estará obligado a ordenar el retorno del niño, niña o adolescente, los cuales si bien por la naturaleza del interés tutelado en la Convención, son de aplicación restrictiva, los mismos surgen como una garantía cuyo objetivo es evitar que se adopten soluciones que en definitiva, en vez de resguardar al niño, lo coloquen en una situación perjudicial o de víctima, desnaturalizándose los objetivos de protección a la infancia y la adolescencia establecidos en las Convenciones internacionales que regulan la materia. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13

d. Recurso de revisión

Procede contra una sentencia dictada por un Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra un fallo dictado por el Tribunal Primera Instancia de Juicio, que a su vez declaró sin lugar la demanda de restitución internacional incoada por el padre, con ocasión de la presunta retención indebida de su hijo de 6 años de edad. TSJ-SC, sentencia N° 1792 de fecha 17-12-2014, Exp. 2014-14-1002

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2 Respuestas a “Novedades

  1. joserafaelalcalafranco

    mayo 19, 2015 at 4:27 pm

    El análisis de la Sentencia N° 210 del 26-11-2014, de la Sala Electoral del Tribunal Superno de Justicia. Magistrado Fernando Vegas Torrealba. Exp. AA70-E-2014-000005
    Versa sobre la derogatoria de la jurisdicción venezolana, por cuanto opera la excepción derivada del ejercicio de la autonomía las partes que conforman al Comité Olímpico Venezolano (COV), están son las Federaciones Deportivas (Organizaciones Promotoras del Deporte) que tienen estatuido una clausula arbitral de someter las controversias que pudiesen surgir en la elección de sus autoridades, a la decisión de un tribunal arbitral.
    Sin embargo, los votos salvados de los dos magistrados Juan José Núñez Calderón y de la Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo, quienes alegan la inaplicabilidad de de la cláusula arbitral por motivos de tutela del orden publico.
    En opinión de quien suscribe, es acertada la opinión de dichos magistrados disidente, pero en la óptica, que el laudo arbitral emitido por Corte Internacional de Arbitraje para el deporte con sede en Laussane Suiza, pudiera ser objeto anulación basándose en el orden público.
    Esta idea, producto del análisis del aparte e) del Art. 190 de la Ley Suiza sobre Derecho Internacional Privado del 18 de diciembre de 1987, establece que se podrá apelar o recurrir a los laudos arbitrales en el supuesto “e) Cuando el aludo fuera incompatible con el orden público”, en este caso, el posible laudo entraría en colisión con las normas de orden público venezolano, en consecuencia sería un laudo objeto de apelación, y como ya ha sucedido en comparación con otros casos, de su anulación.

     
  2. joserafaelalcalafranco

    mayo 19, 2015 at 6:19 pm

    Sobre la sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Superno de Justicia. Magistrada: Yris Armenia Peña Espinoza. Exp. AA20-C-2014-000257
    http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/172223-rc.000738-21214-2014-14-257.html
    La sentencia trata sobre la declaración de la nulidad en casación, de una sentencia de nulidad sobre un caso de cobranza documentaria frente a las entidades bancarias encargadas de realizar el cobro de la misma. Se puede decir sobre esta, la importancia que internacionalmente tiene esta figura de cobranzas documentaria, la cual en absoluta medida, permiten desarrollar el tráfico de bienes y servicios con seguridad del cobro de las mismas por medio de instituciones bancarias. Siendo así, la Lex Mercatoria se aplicaría, cuando corresponda, para lograr decisiones jutas. En el caso en estudio, la flexibilización que permite el Art. 30 de Ley de Derecho Internacional Privado, pueda el Juez aplicar el ordenamiento jurídico que se considere más directamente vinculado a la obligación convencional, siendo la Lex Mercatoria, una herramienta para determinar el Derecho más vinculado con el contrato. De allí, que esta pasa a escoger el derecho aplicable al contrato, siendo una de las excepciones de la jurisdicción.

     

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