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XIV Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado

24 Abr

balanza

Universidad Monteávila, 27 de mayo de 2014

En la edición Décima Cuarta de la Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado, celebrada en la Universidad Monteávila el 27 de mayo de 2014, se dieron cita profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y de la Universidad Monteávila (UMA).

Siguiendo el orden de la agenda pautada, entre los asuntos planteados destacó el tema de la enseñanza del Derecho internacional privado y las diversas formas de abordar el temario de los programas, especialmente en lo relativo al estudio de la parte general de la disciplina a través de la parte especial, poniendo énfasis en la resolución de casos prácticos.

Asimismo, se discutió acerca de las debilidades de los jueces superiores, defensores públicos y fiscales del Ministerio Público, para afrontar los problemas de Derecho internacional privado que se presentan ante la jurisdicción venezolana. Especialmente, en cuanto al conocimiento del Derecho comparado y su utilidad como instrumento para la resolución de los casos, el conocimiento de las normas imperativas, la diferencia entre el orden público interno y la excepción de orden público internacional o cláusula de reserva.

Ante estas observaciones, las cuales fueron ilustradas con casos concretos, se llegó a la conclusión que es necesario, a fin contribuir con la labor de formación de las cátedras en esta materia, avocarse a la preparación de talleres dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios que laboran en la administración de justicia.

Se informó además acerca de las dificultades en torno a la publicación de material de apoyo de las cátedras (bajos inventarios de papel y tinta reportados por las imprentas, reproducciones ilegales de las publicaciones, etc.), como es el caso de la Ley Comentada de Derecho Internacional Privado publicada en el año 2005.

En el marco de la reunión, finalmente se advirtió, en relación a la actividad normativa, sobre la importancia que reviste para Venezuela la ratificación de instrumentos internacionales en materia de cooperación judicial internacional, como es el caso del Convenio de La Haya para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y las convenciones vinculadas con las obligaciones alimentarias, para lo cual se hizo un llamado a los asistentes a unir esfuerzos con miras a colaborar en favor de dicha causa.

Por otra parte, como es tradición, el encuentro cerró con un ciclo de conferencias que contó con público invitado, esta vez sobre Derecho Familiar Internacional, en el cual intervinieron diversos profesores que presentaron sus respectivas colaboraciones en el Libro Homenaje a la profesora Haydée Barrios. Así, intervinieron: Eugenio Hernandez-Bretón, quien fungió de anfitrión, Anna María Tambasco, Andrés Carrasquero, Mirian Rodríguez, Javier Ochoa, Yaritza Pérez, Claudia Lugo, Víctor Garrido, Ivette Esis y Francisco Suárez, como moderador del evento.

Durante la jornada, se informó sobre la modesta incursión, en el caso venezolano, del uso de la tecnología y las telecomunicaciones para la práctica de algunos actos procesales a distancia, como las video conferencias y el uso del chat, concretamente en casos de restitución de menores. Como complemento se informó, en el marco de los convenios de La Haya, que pronto estarán disponibles, a un costo de 75 euros,  los manuales prácticos de cada una de las convenciones.

También quedaron en evidencia, en materia jurisprudencial, las debilidades que en cuanto a los fallos recurrentemente se presentan, principalmente vinculadas con los siguientes aspectos:

  • En el reconocimiento de sentencias extranjeras se niega el pase por la constante confusión entre la excepción de orden público internacional y el orden público interno. Se sigue revisando la excepción orden público en los casos de aplicación del artículo 53 de la  Ley de Derecho Internacional Privado, pese a no estar incluida entre los requisitos legales.
  • También en ese orden, se sigue invocando el fraude a la ley como requisito para negar el pase de sentencias extranjeras, a pesar que tal figura no está prevista para tales efectos en la  Ley de Derecho Internacional Privado.
  • No se analizan las fuentes de Derecho establecidas en el artículo 1 de la  Ley de Derecho Internacional Privado y se pasa directamente a conocer el caso con fundamento en el artículo 53 eiusdem, siendo necesario que ello se efectúe para determinar la falta de tratados entre los estados involucrados.
  • Se han aplicado normas derogadas por la propia Ley de Derecho Internacional Privado, como es el caso del artículo 9 del Código Civil.
  • El proceso de exequátur está caracterizado por su lentitud.
  • Se ha declarado el pase parcial de fallos sin expresar su fundamento legal, cual es el artículo 54 de  Ley de Derecho Internacional Privado.
  • Sigue arraigado el pensamiento y accionar territorialista en defensa de la soberanía nacional, en detrimento del verdadero fundamento de la cooperación judicial internacional, a saber, la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva.
  • En cuanto a la determinación de la jurisdicción venezolana, en los supuestos de domicilio del demandado domiciliado en Venezuela para los cuales corresponde aplicar el artículo 39 eiusdem, la mayoría de los casos se analizan con fundamento en el artículo 42, ordinal 1° de la  Ley de Derecho Internacional Privado, aplicable en materia de  acciones sobre estado y relaciones familiares, y solo para los supuestos de domicilio del demandado en el extranjero.
  • En materia de jurisdicción sobre bienes inmuebles situados en la República y que forman parte de una universalidad de bienes (comunidad de gananciales, comunidad sucesoral, comunidad de la quiebra), se presentó una opinión distinta a la doctrina reiterada de las Salas Políticoadministrativa y de Casación Civil. Los profesores han hecho un llamado de atención en cuanto a la interpretación jurisprudencial que se ha dado al artículo 53, ordinal 3° de la  Ley de Derecho Internacional Privado, según el cual las sentencias extranjeras surtirán efectos en Venezuela, siempre que “Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio”. A tales efectos, el llamado de atención, basado en la teoría general de los bienes, recayó en la necesidad de resaltar que tal supuesto es aplicable a los bienes inmuebles sitos en Venezuela que son objeto directo de derechos reales, vale decir, considerados aisladamente, respecto a los cuales, es indudable la jurisdicción exclusiva y excluyente establecida a favor de los jueces venezolanos; y por tanto, no para aquellos inmuebles que forman parte de universalidades, por cuanto para estos últimos es aplicable el supuesto contenido en el artículo 41 de la Ley de Derecho internacional privado, relativo a acciones sobre universalidades de bienes cuando el domicilio del demandado está en el extranjero, el cual no constituye un caso de jurisdicción exclusiva.
  • En referencia a los criterios atributivos de jurisdicción de los jueces venezolanos, se observó que existen varios pronunciamientos de la Sala Políticoadministrativa en los cuales esta estableció su propia jurisdicción con base en la nacionalidad venezolana del menor y en el principio del interés superior del niño, factores que no son criterios atributivos de jurisdicción de conformidad con el artículo 42 de  Ley de Derecho Internacional Privado..
  • En materia de reconocimiento de sentencias extranjeras, se consideró la importancia de la justicia material del caso, para lo cual se hizo un llamado a la interpretación funcional de las causales de divorcio extranjeras y a la aplicación del “orden público atenuado”, entre otros supuestos, en los casos de divorcio por repudio y otras causales fundadas en razones discriminatorias, si la solicitud de exequátur es hecha por la esposa, para los cuales debería considerársele el pase a la sentencia considerando solo el efecto del dispositivo del fallo extranjero, es decir, la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial, supuesto que sí es aceptado por nuestro país.
  • Se dieron algunas pautas que podrían acelerar el proceso de exequátur, como es la de realizar la solicitud de exequátur por todos los interesados a fin de evitar la demora en la citación.
  • En materia de obligación alimentaria, se destacó la necesidad de aprobación y ratificación por parte de Venezuela de la Convención de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, de la Convención de La Haya y de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, a fin de proteger los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes. Vista la demora en la ratificación de estos convenios se sugirió realizar por parte del estado venezolano la celebración de tratados bilaterales para garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias de los menores.

Como siempre, ambas sesiones fueron muy productivas y sirvieron para recordar la labor y el ejemplo de la profesora Tatiana de Maekelt.  En esta ocasión, también se hizo un recuerdo de su hija, Irene de Valera,  colaboradora de estas reuniones de profesores de Derecho internacional privado. Para el año 2015, se planea celebrar la XV reunión nacional en la sede de la Universidad Metropolitana.

Elaborado por

Abg. Bernadette Rodríguez Nedelka

Con la colaboración de:

Dr. Eugenio Hernández-Bretón

Dra. Mirian Rodríguez de Mezoa

Dra. Yaritza Pérez Pacheco

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2 Respuestas a “XIV Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado

  1. joserafaelalcalafranco

    mayo 9, 2015 at 3:52 am

    Un breve comentario, sobre el punto supra señalado de las dificultades en torno a la publicación de material de apoyo de las cátedras (bajos inventarios de papel y tinta reportados por las imprentas, reproducciones ilegales de las publicaciones, etc.), como es el caso de la Ley Comentada de Derecho Internacional Privado publicada en el año 2005.

    Lamentablemente, en la necesidad que impone la investigación, he recurrido a la reproducción de una copia fotostática de dicha Ley Comentada de Derecho Internacional Privado, por cuanto no conseguí el material impreso en original. El aporte de este comentario, es con el objeto de reiterar sobre la importancia de lograr opciones para superar las dificultades.

    En este contexto, una sugerencia como medida alternativa, implementar una licencia de uso, que permita al comprador recibir en digital materiales originales.

    Saludos cordiales.

     

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