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Bautizo de la obra colectiva Derecho Familiar Internacional Metodología para su estudio. Homenaje a Haydee Barrios

Presentación del Libro a cargo de Yaritza Pérez Pacheco, en nombre del equipo coordinador

Nuestro agradeciendo a las autoridades de la Universidad Monteávila por recibirnos en su sede y permitirnos hacer posible este merecido homenaje a nuestra profesora, colega y amiga HAYDÉE BARRIOS. afiche

Me corresponde el honor de presentar esta Obra, en nombre del equipo coordinador del cual forman parte los profesores VÍCTOR HUGO GUERRA, CLAUDIA LUGO y YARITZA PÉREZ. Gracias a todos los que hoy nos acompañan para celebrar la trayectoria, el profesionalismo, la dedicación a la Docencia y a la Investigación, el esmero por la formación de talento que procura generaciones de relevo y, lo más importante, a celebrar la amistad y la solidaridad de HAYDÉE, que no conoce distancias ni fronteras.

Con especial regocijo realizamos la presentación a la obra colectiva “Derecho Familiar Internacional. Metodología para su Estudio Homenaje a Haydée Barrios”. Obra que surgió de la iniciativa original de los profesores de Derecho Internacional Privado de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, Metropolitana y Monteávila. Iniciativa inspirada en la necesidad de llenar un vacío apreciado en la literatura existente para el estudio de esta materia. Por eso, se justificó iniciar el libro con un caso familiar internacional, el cual le dio todo el sentido a la obra. Nos señala EUGENIO HERNÁNDEZ-BRETON en este primer artículo: “El DIPr. es esencialmente práctico. Una de las principales preocupaciones de quienes enseñamos DIPr. en las universidades venezolanas es cómo transmitir al estudiantado esa incuestionable utilidad práctica de dicho Derecho, sin que se entienda que se pretende desechar la relevancia teórica del examen de sus problemas”.

Como sabemos los casos de DIPr. se encuentran conectados con otros ordenamientos jurídicos y pueden resultar aplicables a su solución de fondo uno o varios derechos extranjeros, consideramos conveniente incluir un estudio sobre Derecho comparado, el cual estuvo a cargo de JOSÉ ANTONIO HERRERA, quien se trazo el objetivo de explicar de qué manera el Derecho comparado actúa y cómo debe ser utilizado para solventar aquellos litigios de Derecho de Familia con aspectos internacionales.

Otro tema necesario en cualquier obra de esta naturaleza es el análisis de las fuentes internacionales, el cual fue abordado por VÍCTOR HUGO GUERRA, profesor de la cátedra de DIPr. de la UCV, hoy radicado en Bogotá, para destacar el trabajo de los foros internacionales tradicionales: la Conferencia de La Haya y la Conferencia Interamericana sobre DIPr., foros que han dedicado innumerable cantidad de horas y esfuerzos colectivos a la codificación internacional del Derecho de Familia.

Seguimos avanzando en el índice de la Obra y nos encontramos con un completo estudio sobre El rol de las instituciones generales de DIPr. en el Derecho de Familia, elaborado por Anna María Tambasco y Francisco Suárez, formados, como muchos otros colaboradores de este trabajo colectivo, en la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV, en su contribución introducen al lector en algunas ideas sobre la naturaleza y relevancia práctica de las instituciones abordadas, en todos y cada uno de los casos familiares internacionales.

Estos tres trabajos integran el Capitulo Primero de la Obra dedicado a la Metodología para el estudio de casos de Derecho de Familia Internacional.

El proyecto también incorporar los temas tradicionales del Derecho de Familia, pero además se adentra en temas actuales y de preocupación internacional. Así se integraron dos grandes capítulos: el Capítulo Segundo, dedicado a los Temas Clásicos del Derecho de Familia desde la Perspectiva del Derecho Internacional Privado, el cual se inicia con una adaptación y actualización de los comentarios que hiciera la Profesora HAYDÉE BARRIOS a las normas venezolanas de DIPr. en la materia, que originalmente aparecieron publicados en la obra colectiva Ley de Derecho Internacional Privado Comentada. El equipo coordinador tomo la decisión de incluirlos en virtud de la importancia que reviste su estudio para englobar el contenido temático de esta Obra y por la llana claridad con que los presentó, en su momento, la Profesora BARRIOS.

En este capítulo también participaron VÍCTOR GARRIDO, con los efectos jurídicos del matrimonio; y VIOLETA VÁSQUEZ, con el régimen jurídico de la sucesión mortis causa; ambos autores formados en la Maestría de la UCV.

El Tercer Capítulo se dedica a Temas actuales del Derecho de Familia, y allí nos concentramos en aquellos problemas que se han venido presentando en los últimos tiempos y los cuales tienen escaso desarrollo doctrinal y, en algunos casos, ausencia de regulaciones normativas, pero que los cambios vertiginosos sobre la concepciones de la familia en el siglo XXI nos obligan a abordar. En este orden de ideas, los problemas en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y la transexualidad, fueron abordados por VÍCTOR HUGO GUERRA; la identidad de género y la transexualidad, a través de un estudio comparado entre Venezuela y Argentina fue desarrollado por ELIZABETH MÉNDEZ, formada en la UCV y hoy radicada en el estado de la Florida. Los problemas materiales y de DIPr. en torno a las uniones estables de hecho, se analizan en un trabajo conjunto de las investigadoras del Instituto de Derecho Privado, MARÍA CANDELARIA DOMÍNGUEZ y quien les habla. El tema de los Divorcios Notariales se aborda desde dos interesantes contribuciones, una a cargo de IRIS TAMAIBA CID desde la perspectiva del DIPr. venezolano en comparación con otros ordenamientos jurídicos; y el jurista colombiano JORGE PARRA BENÍTEZ, quien nos presenta la problemática desde la perspectiva de su sistema patrio. El Régimen de la Restitución y Sustracción Internacional de Niños es suficientemente abordada por tres autores: JOSÉ RAFAEL JIMÉNEZ, formado en la aulas de la Maestría de la UCV, al identificar los principales aspectos prácticos de esta problemática; RAMÓN ESCOVAR ALVARADO, profesor de nuestra Maestría, se centra en la aplicación de la Convención de la Haya en Venezuela y MARÍA VIRGINIA AGUILAR, desde México, nos ubica en un caso concreto que fue magistralmente llevado ante dos jurisdicciones (México-Venezuela), en el cual tuvo la oportunidad de trabajar en el ejercicio profesional en compañía de HAYDÉE BARRIOS. El régimen de la manutención internacional y la necesidad de ratificación de instrumentos internacionales en la materia por parte de Venezuela, es desarrollado por IVETTE ESIS, egresada de la Maestría y parte del equipo coordinador de la Ley de Derecho Internacional Privado Comentada. El capítulo cierra con un tema de extraordinaria actualidad, en torno a los problemas jurídicos de la reproducción asistida en Venezuela y en el Derecho comparado, a cargo de MARITZA MÉNDEZ, formada en la Maestría de la UCV.

El Cuarto Capítulo está dedicado a la Resolución de Conflictos Familiares Internacionales. Allí la participación de colegas venezolanos, españoles y argentinos, permite presentarle al lector un panorama muy rico en alternativas. ANDRÉS CARRASQUERO, profesor de la Maestría de la UCV, disiente sobre el Interés superior del niño como criterio atributivo de jurisdicción, INGRID ARAQUE, también egresada de la Maestría, sobre la arbitrabilidad de las relaciones familiares; NURIA GONZÁLEZ, española que hace vida académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la mediación en la sustracción internacional de menores, MIRIAN RODRÍGUEZ y CLAUDIA LUGO sobre la Cooperación Judicial Internacional, también lo hace en este tema Mercedes Albornoz, argentina radicada en México.

La eficacia y continuidad de las relaciones jurídicos familiares en el espacio, son abordados en dos artículos, uno a cargo de MIRIAN RODRÍGUEZ y CLAUDIA LUGO; y el cierre de la obra corresponde a CLAUDIA MADRID, investigadora del Instituto de Derecho Privado, con un interesante planteamiento en torno a la necesidad de garantizar la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio.

Si bien el lector podría pensar que se trata de una obra dirigida a la comunidad jurídica venezolana, lo cierto es que el Derecho Internacional Privado desborda la realidad local de una jurisdicción particular y su análisis sirve de punto de partida para estudios útiles cualquiera que sea el sistema jurídico de que se trate. Adicionalmente, hay que resaltar que esta obra cuenta con la valiosa participación de muchos profesionales, pertenecientes a distintas jurisdicciones, cuyos esfuerzos académicos se suman a la calidad de los artículos que ofrecemos a nuestros lectores en este proyecto internacionalmente colectivo.

Damos gracias especiales a los editores de esta obra, sin cuya generosidad, apoyo moral y financiero sería imposible gestar proyectos de este tipo y el cual permite compartir con la comunidad profesional y estudiantil doctrina y jurisprudencia relevante, así como otros textos de utilidad como un listado de los instrumentos existentes en materia de Derecho de Familia.

Biblioteca Jurídica Diké y Universidad del Rosario, por Colombia, Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Universidad Metropolitana, Mantilla & Ternera abogados consultores, Escovar León Abogados, Tamayo y Jaramillo abogados Asociados, y al abogado José Vicente Urdaneta.

Como equipo coordinador de la obra resaltamos el valor de la perseverancia que conlleva todo proyecto de investigación, sobre todo cuando la coordinación se hace a distancia y para varias jurisdicciones, proyecto que tomó algo más de veinte meses de trabajo. Agradecemos a todos los articulistas por su tiempo, paciencia y claro está, valiosa participación.

Concluimos nuestra Presentación recordando la motivación original de proyecto “…se convocaron a profesores de Derecho Internacional Privado para abordar temas de Derecho de Familia Internacional, temática a la cual se ha destacado la homenajeada, profesora HAYDÉE BARRIOS, en su trayectoria académica y profesional.”

Estamos seguros que el homenaje en vida que hacemos a la profesora HAYDÉE BARRIOS, el cual desborda la iniciativa de los profesores venezolanos, contribuirá al desarrollo doctrinal de esta materia en el Continente Americano.

¡Enhorabuena! Disfruten la Obra.

Caracas, 21 de noviembre de 2014

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Novedades

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Agosto – Octubre, 2014

1. Arbitraje

a. Amparo

(i) Admisibilidad

La presunta denuncia carece de un control jurisdiccional por parte de los tribunales venezolanos y los presuntos hechos denunciados no son objeto de control de la misma (art. 8 LOADGC, art. 25 nums. 18, 19, 20, 21 y 22 LOTSJ). TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

(ii) Decisiones controlables 

  • No procede la impugnación de la eventual ejecución de un laudo mediante amparo constitucional, dado al reconocimiento absoluto del efecto negativo del principio kompetenz-kompetenz que rige el arbitraje, ya que el juez ordinario no es el juez natural para conocer sobre el fondo de la controversia y por el reconocimiento efectivo del referido principio. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.
  • Excepcionalmente si podría ser controlada por las Salas competentes, el trámite de una solicitud de exequátur para declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

(iii) Competencia

La naturaleza afín del derecho constitucional invocado conjuntamente con el ámbito territorial del tribunal son los elementos que determinarán la competencia del juez constitucional para la resolución del amparo. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

(iv) Finalidad

Es una acción preventiva, por lo cual, mal podría otorgarse protección alguna cuando no existe una solicitud de autoridad extranjera sobre la ejecución preventiva de bienes en la República o la ejecución de una decisión firme, y más aún cuando en los referidos procesos judiciales pueden resultar satisfechos, tanto sus derechos constitucionales como sus pretensiones procesales. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

(v) Naturaleza

Es una acción garantista y protectora de los derechos constitucionales, esa garantía tiene ciertos límites, en cuanto a la extensión del ámbito de protección subjetivo -agraviante y agraviado-, en virtud de que los sujetos pasivos se encuentran claramente determinados en la ley, los cuales son, a saber: i) las autoridades públicas y los ii) particulares; así como en el ámbito objetivo, ya que ésta puede ser ejercida contra actos, hechos u omisiones lesivas, así como contra amenazas de violación, pudiendo ser éstos i) actos estatales, ii) normas, iii) sentencias u omisiones o retardos en las decisiones judiciales o iv) abstenciones de los órganos administrativos. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

b. Efectos

La elección de un foro específico para el desarrollo de un procedimiento arbitral y, para que tenga lugar la emisión del laudo definitivo, genera dos consecuencias inmediatas, a saber: (i) expreso consentimiento de las partes en cuanto que podrán ser demandadas en dicho foro, a través de la formalización de un arbitraje (institucional o independiente) y (ii) la exclusión o privación de conocimiento para aquellos tribunales que, en condiciones normales, podrían tener jurisdicción sobre las partes o sobre la controversia misma. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

c. Laudo

(i) Ejecución

Ante la posibilidad de la eventual “ejecución” de un Laudo en la República, ello habilitaría en todo caso a la parte “perdidosa” a oponerse a tal “ejecución” por ante la misma autoridad a la que se le haya pedido semejante “ejecución”; todo ello conforme a las normas procedimentales del foro, y a los tratados internacionales aplicables al país de que se trate (vgr. CPC y LAC, de ser el caso, la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras). TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

d. Principio kompetenz-kompetenz

Los principios de competencia-competencia y de la autonomía del pacto arbitral se constituyen en el régimen jurídico estatuario del arbitraje, en eslabones cardinales para garantizar el derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, en la medida que la competencia es consecuencia de un pacto arbitral que determina el ámbito de la competencia de los árbitros, es necesario reconocer a éstos su competencia para resolver los asuntos que se encuentren enmarcadas por la correspondiente estipulación (arts. 7 y 25 LAC). TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.

2. Conflicto de jurisdicciones

a. Determinación de la jurisdicción

(i) Identificación de elementos de extranjería relevantes

  • Los hechos denunciados no se verifican dentro del territorio de Venezuela, sino que estos versan sobre una controversia entre dos empresas en relación al conflicto que se desarrolla ante los Tribunales de Curazao, así como por ante la National Arbitration Forum, respecto a un dominio de internet. TSJ-SC, sentencia N° 962 de fecha 01-08-2014, Exp. 2014-0524.
  • Al estar la mayoría de los bienes demandados ubicados o formar parte de sociedades mercantiles domiciliadas en la ciudad de Caracas, y a su vez, al ser éstos parte integrante de dicha universalidad de bienes, se declara que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de la intimación en el juicio que por Rendición de Cuentas (art. 41, num. 2, LDIP), por lo que le corresponderá conocer y decidir de la presente acción a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. TSJ-SPA, sentencia N° 1407 de fecha 22-10-2014, Exp. 2014-0734

b. Criterios atributivos de jurisdicción

(i) Criterio general: domicilio del demandado en territorio venezolano

La regla general para determinar la jurisdicción de los Tribunales de la República respecto de los extranjeros es el domicilio del demandado (art. 39 LDIP), por cuanto éste tiene derecho a que se le demande ante los tribunales de su domicilio, lo cual facilita y hace menos onerosa su defensa; siendo éste el criterio atributivo de jurisdicción reiterado en pacífica y constante jurisprudencia del TSJ. TSJ-SPA, sentencia N° 1407 de fecha 22-10-2014, Exp. 2014-0734

(ii) Interés superior del niño

  • Es un principio general de obligatoria observancia en la toma de decisiones en materias en las cuales se afecten los intereses de niñas, niños o adolescentes, como regla orientadora para asegurar su desarrollo integral, erigiéndose también como garante del disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías (art. 78 CRBV). TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052
  • Es un principio que coloca por encima del interés individual la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo que al estar en conflicto “los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (Parágrafo Segundo, art. 8 LOPNNA). Este principio debe obligatoriamente ser considerado por el juez en cualquier etapa del procedimiento judicial. En consecuencia, el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer la solicitud presentada. TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052

(iii) Lugar de ubicación de los bienes

Lo que se pretende es la rendición de cuentas de una universalidad de bienes, que se encuentran ubicados dentro del territorio de Venezuela, por lo que deberá atenderse lo dispuesto en el num.l 2, art. 41 LDIP, pudiendo el Estado de ubicación del bien, reservarse el derecho a reconocer la sentencia respecto a ese determinado bien. TSJ-SPA, sentencia N° 1407 de fecha 22-10-2014, Exp. 2014-0734

(iv) Sumisión tácita con vinculación efectiva

  • De todas las actuaciones referidas aprecia la Sala que las partes involucradas son de nacionalidad venezolana como así se desprende de las copias simples de sus cédulas de identidad que están domiciliados en Venezuela y que poseen bienes en la República. Finalmente, se advierte que la parte demandante hizo la solicitud conforme a las leyes venezolanas (arts. 77 CRBV, 211 y 767 CC), lo cual demuestra la existencia de una vinculación efectiva de la pretensión con el territorio de Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052
  • Las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales venezolanos, con la interposición de la demanda y su contestación (art. 42, num. 2 y art. 45 LDIP), por lo cual se produjo la sumisión tácita de ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales venezolanos. TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052

c. Falta de jurisdicción

(i) Tribunal competente

Corresponde a la SPA conocer de las consultas y recursos de regulación de jurisdicción (art. 23, num. 20 LOJCA y art. 26, num. 20 LOTSJ), en concordancia con el régimen competencial del CPC (arts. 59 y 62). TSJ-SPA, sentencia N° 1481 de fecha 29-10-2014, Exp. 2014-1072

(ii) Recurso de regulación de jurisdicción

Sentencia que confirma la jurisdicción de los tribunales venezolano: se ordena remitir las actuaciones al Tribunal de la causa, a los efectos de que se agreguen al expediente original, para que a su vez remita la causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución. TSJ-SPA, sentencia N° 1407 de fecha 22-10-2014, Exp. 2014-0734

d. Foro vs. Ius

La apreciación que haga el Tribunal respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, solo concluirá en la determinación de si el Poder Judicial venezolano tiene o no jurisdicción para conocer de la demanda por rendición de cuentas incoada; por lo que las consideraciones que se expongan en el fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido. TSJ-SPA, sentencia N° 1407 de fecha 22-10-2014, Exp. 2014-0734

3. Exequátur

a. Competencia del tribunal

(i) Aspectos generales:

  • La normas sobre competencia para conocer de las solicitudes de exequátur se encuentra expresamente previstas en la LOTSJ (art. 28) y el CPC (arts. 850 al 858) y con la entrada en vigencia de la LDIP algunos aspectos del CPC has sido derogados (primer aparte art. 850 y art. 851 CPC). TSJ-SCS, sentencia N° 1567 de fecha 29-10-2014, Exp. 2014-799
  • Para conocer de las solicitudes de exequátur que repercuten directamente sobre la esfera jurídica de un niño, niña o adolescente, corresponde a los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos la competencia para conocer de las solicitudes de exequátur cuando se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos; y, a la SCS cuando se requiera autorizar la ejecutoria de sentencias firmes dictadas en asuntos contenciosos (sentencia vinculante TSJ-SC N° 51 de 20-02-2014). TSJ-SCS, sentencia N° 1567 de fecha 29-10-2014, Exp. 2014-799

(ii) Asuntos no contenciosos-Juzgados superiores

Corresponde al Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional (art. 856 CPC). TSJ-SCS, sentencia N° 1567 de fecha 29-10-2014, Exp. 2014-799 

b. Recursos

(i) Única instancia

El procedimiento de exequátur se ventila en una sola instancia, vale decir, si el asunto presentado es de naturaleza contenciosa, le corresponderá a la SCC conocer del exequátur solicitado; y, si por el contrario, se trata de una materia no contenciosa, la competencia será del tribunal superior del lugar donde se haya de hacer valer la sentencia. TSJ-SCS, sentencia N° 1567 de fecha 29-10-2014, Exp. 2014-799

4. Restitución internacional 

a. Fuentes: Convención de La Haya

(i) Competencia

Corresponde al MPPRE, por órgano de la Autoridad Central en el Territorio de Venezuela, en aplicación de la Convención de La Haya, conocer y decidir de la solicitud de restitución, debiendo adoptar, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan realizar todas aquellas acciones vinculadas con los procedimientos de restitución internacional. TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052

(ii) Objeto

Su finalidad está dirigida a garantizar la restitución inmediata de las niñas, niños y adolescentes trasladados (as) o retenidos (as) de manera ilícita entre cualquier Estado contratante, la cual se tutelará, a través de la designación de una Autoridad Central, para el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio (arts. 1 y 6). TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052

b. Principio del interés superior del niño, niña y adolescentes 

El caso bajo examen se trata de un asunto que involucra a una niña y la SPA como garante de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, debe aplicar las disposiciones que consagran una protección especial e integral a favor de los niños, niñas y adolescentes, a los fines de que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y en condiciones dignas (art. 78 CRBV). Esta protección por parte del Estado implica el compromiso de brindarles protección tanto en lo social como en lo jurídico (arts. 8, 12 LOPNNA). TSJ-SPA, sentencia N° 1424 de fecha 23-10-2014, Exp. 2014-1052

 

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Editorial

Logo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Agosto – Octubre 2014

Estimados lectores retomamos la publicación del e-Boletín con las Novedades de las decisiones en materia Derecho Internacional Privado publicadas por las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia en los meses de agosto, septiembre y octubre.

En esta oportunidad les presentamos cinco (5) decisiones: una (1) de la Sala de Constitucional, tres (3) de la Sala Político Administrativa y otra más de la Sala de Casación Social. En ellas se abordan temas como la procedencia de la acción de amparo constitucional contra un eventual laudo arbitral internacional, la determinación de jurisdicción en una acción de rendición de cuentas, la solicitud de reconocimiento de unión concubinaria y una solicitud de restitución internacional.

Es importante leer con detenimiento estas decisiones, ya que algunas se sustentan en elementos de extranjerías que no resultan relevantes para la controversia planteada, desde la perspectiva del sistema venezolano de Derecho internacional privado o que no inciden directa ni indirectamente en la acción o solicitud incoada ante nuestros tribunales. En otros, se implementan los criterios atributivos de jurisdicción de manera acumulativa y se incurre en imprecisiones a la hora de conceptualizar que se entiende por sumisión tácita.

En el marco de las actividades de formación en Derecho Internacional Privado tuvo lugar el Foro “Los Grandes Problemas de la Familia en un Mundo global”, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el 6 de noviembre de 2004. Cabe destacar el Bautizo del Libro Homenaje a Haydée Barrios “Derecho Familiar Internacional. Metodología para su Estudio”, el cual congrego a personalidades del mundo jurídico, tanto académico como judicial, en la sede principal de la Universidad Monteávila, el 21 de noviembre de 2014.

A nuestros distinguidos lectores y seguidores nuestro agradecimiento por su paciencia y los invitamos a que continúen consultando este espacio de divulgación de información jurídica. Hasta la próxima edición.

Yaritza Pérez Pacheco

Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia Instituto de Derecho Privado Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela

Editora Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Responsable de edición Lic. Mónica Mancera

 

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Novedades

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Julio, 2013

1. Documentos públicos

a. Extranjeros

(i) Apostilla: entre Colombia y Venezuela existe un tratado que establece la forma en la cual se verifica la autenticidad de los documentos públicos: Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, para la Supresión de la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. El convenio que es de aplicación preferente de conformidad con lo establecido en el artículo 1º LDIP, fue concebido para eliminar las costosas y pesadas formalidades de la legalización de documentos públicos presentados ante otros Estados miembros y facilitar así su circulación mediante la colocación de la Apostilla. TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

2. Exequátur

a. Competencia

(i) Asuntos contenciosos:

  • En los casos en que el exequátur sea solicitado para decisiones o actos de naturaleza contenciosa, le corresponde conocer al TSJ en SCC (art. 28,num. 2° LOTSJ). En el caso de una sentencia extranjera dictada en un juicio de carácter contencioso, pues el proceso se inició mediante una demanda de divorcio, en el cual el esposo demandó a la esposa, y cuando ésta compareció contestó la demanda y convino en los términos de la misma.TSJ-SCC, sentencia N° 378 del 03-07-2013, Exp. 2013-279
  • La sentencia de divorcio de la presente solicitud de exequátur tuvo carácter contencioso, pues de la sentencia se observa textualmente lo siguiente: “…que es el caso que su cónyuge lo abandonó sin que hayan reanudado las relaciones conyugales…”, además señala la sentencia extranjera en cuestión que con los cuales se justificaron los fundamentos de la demanda, en el abandono de que fue objeto el actor de parte de la demandada …”. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

(ii) Asuntos no contenciosos:

  • En los casos en que el exequátur sea solicitado para decisiones y actos en materias de emancipación, adopción y cualquier otra de naturaleza no contenciosa, la competencia le corresponde al Juzgado Superior del lugar donde se haya de hacer valer. TSJ-SCC, sentencia N° 378 del 03-07-2013, Exp. 2013-279
  • Para calificar un asunto como no contencioso es necesario tener en cuenta que no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las partes en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte condenatoria o absolutoria de una de ellas. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

b. Fuentes

(i) Normas internas: cuando se solicita se declare fuerza ejecutoria en Venezuela de una sentencia dictada por un tribunal de República Dominicana, país con el que Venezuela tiene suscrito el Código Bustamante, de 1928, no obstante, las normas del referido tratado para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras no son aplicables al caso de autos, toda vez que dicha materia fue reservada por Venezuela; siguiendo el orden de prelación de las fuentes sobre la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano, en concreto los requisitos establecidos en el art. 53 LDIP, los cuales deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

(ii) Tratados: para determinar si procede o no otorgar eficacia jurídica en Venezuela a la sentencia dictada por un Tribunal de Barranquilla, Colombia, que confirmó la decisión de Primera Instancia, de un Juzgado, también con sede en Barranquilla, mediante la cual fue declarada la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, debe procederse a examinar dicho fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2° de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita por ambos países.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

c. Requisitos

(i) Cosa juzgada

  • De las actas del expediente se evidencia certificado de divorcio en el cual se indica que el mismo ha sido archivado y sometido a la inscripción en el registro destinado a estos fines. Asimismo, se observa que no se interpuso recurso alguno contra el fallo definitivo de divorcio, y ello, aunado al hecho de que la parte demandada en aquel juicio es quien ejerce la presente solicitud de exequátur, lo que demuestra que se encuentra conforme con el fallo en cuestión, permiten concluir a esta Sala que la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita tiene fuerza de cosa juzgada según la ley del Estado en que fue pronunciada, y por tanto, se encuentra cubierto el segundo requisito de la Ley. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273
  • La sentencia cuyo pase legal se solicita, emitida para cumplir la instancia de la consulta que rige en la República de Colombia, confirmó lo decidido en la primera instancia dentro del proceso verbal de divorcio de matrimonio católico promovido por la actual solicitante del exequátur.Este fallo confirmatorio que pretende hacerse valer en la República Bolivariana de Venezuela, contiene en el numeral segundo de su parte dispositiva la siguiente mención: “…En firme este proveído devuélvase el expediente al juzgado de origen…”, de la cual, y en forma expresa, se desprende su carácter de firmeza; en razón de lo cual la Sala estima, que el fallo extranjero, sí cumple con el requisito que a los fines de la procedencia de su pase legal, así lo exige.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(ii) Debida citación

  • Aun cuando no consta del fallo extranjero la manera como se realizó la citación de la demandada en el tribunal, sin embargo, como quiera que la solicitante del presente exequátur fue parte demandada en el juicio extranjero de divorcio, debe presumirse que no existió inconveniente con su citación en aquel y que tuvo oportunidad de defenderse con tiempo razonable, lo anterior aunado al señalamiento expreso efectuado por el juez dominicano según el cual “…el proceso se ha llevado en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de la República, y las leyes, toda vez que se ha conocido del caso, en respeto de los derechos de cada una de las partes, en una audiencia a puertas cerradas, y fueron debidamente convocadas las partes…”, lo que permite concluir que a la demandada, hoy solicitante del exequátur, se le garantizó su derecho a la defensa, dando así cabal cumplimiento al presente requisito de Ley.TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273
  • La Sala considera satisfecha la garantía del derecho a la defensa de las partes, una vez constatada la presencia de ambos cónyuges en el curso del proceso judicial mediante el cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que los unía. La demandante, lo hizo mediante su apoderado judicial, y el demandado, como ya fue reseñado, a través del curador especial que le fue designado para su defensa, lo cual significa la garantía del derecho a la defensa de las partes, cumpliéndose de tal modo la exigencia de ello en el numeral analizado.TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(iii) Jurisdicción indirecta: se observa que el Tribunal de la República Dominicana tenía jurisdicción para conocer de la causa según lo dispuesto en el art. 39 LDIP, pues de actas se evidencia que para el momento de la disolución del vínculo matrimonial, las partes tenían su domicilio conyugal en dicho país.TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754

(iv) Orden público

  • La sentencia cuyo exequátur se solicita, resolvió la demanda de divorcio con fundamento en la separación de los cónyuges por un tiempo superior a los dos años, conflicto para cuya resolución fueron aplicadas normas legales de naturaleza civil, vigentes en el país en el cual fue dictado dicho fallo, que no contrarían en forma alguna, los principios esenciales del orden público venezolano. TSJ-SCC, sentencia N° 389 del 04-07-2013, Exp. 2011-754
  • La sentencia extranjera de divorcio por abandono voluntario, no violenta principios esenciales de nuestro Estado, por el contrario está acorde con éstos. Aunado a lo anterior, se observa que de la unión matrimonial nació un hijo, quien para el momento de dictar sentencia era menor de edad. Sin embargo cabe señalar que el Juzgado con sede en Canton Manta, Ecuador, le designó un curador ad-litem, quien se encargó de la defensa de los derechos e intereses del menor, quien, cabe destacar, mediante una simple operación aritmética, se determina que ya alcanzó la mayoridad, y en consecuencia, de conformidad con el art. 347 LOPNNA, en concordancia con los arts. 1 y 2 eiusdem, cesó de estar sometido al régimen de la patria potestad. TSJ-SCC, sentencia N° 428 del 29-07-2013, Exp. 2011-291

d. Solicitud

No se indicó en la solicitud de exequátur de qué manera se encontraban satisfechos los supuestos previstos en el art. 53 LDIP, necesarios para conceder el pase de la sentencia extranjera.No basta con indicar que tales supuestos se hallan satisfechos, sino que es necesario, para cumplir con la adecuada y delicada tarea que la profesión de abogado impone, exponer con claridad cómo se ha atendido cada uno de los supuestos que exige la norma, pues independientemente de que tal análisis constituya en definitiva a la SCC, es deber ineludible de quien formula la petición de reconocimiento llevar al convencimiento del juez de que los supuestos están dados para conceder la ejecutoria a la sentencia extranjera. TSJ-SCC, sentencia N° 386 del 03-07-2013, Exp. 2012-273

3. Jurisdicción

a. Consultas de jurisdicción-competencia: corresponde conocer a la SPA (art. 23, num. 20 LOJCA, art. 26, num. 20 LOTSJ, 59 y 62 CPC). TSJ-SPA, sentencia N° 835 del 11-07-2013, Exp. 2010-287

b. Criterios atributivos de jurisdicción

(i) Acciones de contenido patrimonial: el hecho ilícito causante del daño cuya indemnización es solicitada, tuvo su origen en el Estado de Nueva York, EE.UU., con ocasión del intento de cobro de la carta de crédito constituida una entidad bancaria domiciliada en ese país,no puede obviarse el hecho de que la suscripción de la referida carta de crédito, fue la consecuencia directa del “acuerdo transaccional y finiquito mutuo” que debieron suscribir las partes en Venezuela, y su objeto era la transmisión de los derechos hereditarios, conformados por los bienes inmuebles, acciones de empresas y dinero en cuentas en instituciones financieras ubicadas en Venezuela. En consecuencia, las obligaciones que dieron origen a la reclamación por indemnización de los daños sufridos planteada por el accionante debían ejecutarse en el territorio de Venezuela, razón por la cual debe concluirse que el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer la acción por indemnización de los daños materiales y morales, conforme al criterio atributivo de jurisdicción establecido en el artículo 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con el artículo 40 eiusdem. TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

c. Falta de jurisdicción

La Ley de Mercado de Valores establece un régimen especial que impide a los órganos jurisdiccionales conocer de las acciones ejercidas contra las instituciones sometidas a intervención, rehabilitación o liquidación, por conceptos de cobro de deudas previstas a tales procesos. Sin embargo, se contemplan dos supuestos por los cuales se puede permitir el cobro judicial de las obligaciones contraídas por los sujetos sometidos a regímenes de intervención, rehabilitación o liquidación: 1) Que los hechos objeto de la demanda sean posteriores a la adopción de la medida de que se trate y 2) Que la obligación reclamada haya sido declarada por sentencia definitivamente firme, antes de la medida respectiva (art. 21, parágrafo primero).Ahora bien, las accionantes incoaron su solicitud en fecha 11 de febrero de 2010, es decir, posterior a la fecha de intervención y posteriormente ordenada su liquidación, sin que fuese emitida sentencia definitivamente firme (según criterio SC, sentencia N° 2592 del 15-11-2004), corresponde el conocimiento de la presente pretensión, a la Superintendencia Nacional de Valores a través de la Junta Liquidadora, razón por la cual esta Sala declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para continuar conociendo de la “solicitud de formalización de arbitramiento” interpuesta. TSJ-SPA, sentencia N° 835 del 11-07-2013, Exp. 2010-287

d. Jurisdicción vs. Derecho aplicable – errónea aplicación

El Juzgado Décimo de Primera Instancia declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas y, en consecuencia, declaró la jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero para conocer y decidir la demanda interpuesta por indemnización de daños materiales y morales, conforme a lo establecido en el art. 40 LDIP, que prevé la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, cuando éstas se refieran a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados, o de hechos verificados en dicho territorio. De tal manera que, en el caso bajo examen, están presentes elementos de extranjería relevantes que imponen el análisis a la luz del Derecho Internacional Privado, con miras a precisar la jurisdicción para proveer sobre lo demandado. Por tal razón, procede la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1º LDIP. Se observa que no existe tratado alguno entre los EE.UU. y Venezuela que regule lo referente a la indemnización por daños y perjuicios por hecho ilícito, por lo que se hace necesario el examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de la correspondiente determinación. A tales efectos, el art. 32 de la referida Ley dispone que los hechos ilícitos se rigen por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del derecho del lugar en el cual se verifica el hecho originario de la obligación, esta última posibilidad se establece en la Ley como una opción de la víctima para escoger el derecho del lugar donde se produjo la causa generadora del daño, entendido este último como la materialización externa del hecho ilícito. Asimismo, debe indicarse que en materia de hecho ilícito la víctima siempre tendrá la posibilidad de elección del derecho que más favorezca el resarcimiento del daño causado. TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

e. Recurso de regulación-competencia: corresponde conocer a la SPA (art. 23, num. 20 LOJCA, art. 26, num. 20 LOTSJ, 59 y 62 CPC). TSJ-SPA, sentencia N° 887 del 23-07-2013, Exp. 2012-1364

 

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Editorial

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Julio 2013

En el mes de Julio les presentamos una nueva entrega del E-Boletín Legislación & Jurisprudencia, dedicada a los acontecimientos más importantes en materia de Derecho Internacional Privado.

La sección de Novedades incluye seis decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, cuatro de la Sala de Casación Civil y dos de la Sala Político Administrativa. Las decisiones de la Sala de Casación Civil resuelven solicitudes de reconocimiento de sentencias extranjeras a través del procedimiento de exequátur. Por su parte, las decisiones de la Sala Político Administrativa resuelve sobre los recursos de regulación de jurisdicción y la consulta obligatoria sobre la falta de jurisdicción.

La sección de Reseñas se dedica al Curso Intensivo dictado en el marco de la programación académica de la Maestría en Derecho Internacional Privado, del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. El Seminario “Derecho Comparado Institucional: Derecho Concursal Internacional”, estuvo a cargo de la profesora Dra. Laura Carballo Piñeiro de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Estimado lector, sus comentarios y sugerencias ayudan a fortalecer y enriquecer nuestro Boletín. Estamos en contacto a través del Blog, el correo electrónico y nuestra cuenta Twitter @eBoletinDIPUCV

Yaritza Pérez Pacheco
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia
Instituto de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Editora
Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Colaborador
Dr. Eugenio Hernández-Bretón

Responsable de edición
Lic. Mónica Mancera

 

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Editorial

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Marzo 2013

En esta edición les presentamos un nutrido número de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia provenientes de la Sala Político Administrativa y la Sala de Casación Civil, en materia de Derecho Internacional Privado. La mayoría de éstas publicadas en el año 2012, pero ya comienza a impulsarse la actividad judicial en la materia en el año 2013, con un registro de cuatro decisiones relevantes.

En nuestra sección de Reseñas, nos complace incorporar el trabajo de una egresada más de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV, con una Tesis innovadora en la cual se presenta una propuesta de método conflictual para el control de prácticas anticompetitivas de alcance transfronterizo, bajo la tutoría del Dr. Eugenio Hernández-Breton, Coordinador de Programa. En materia de promoción y difusión de la actividad de investigación jurídica nacional e internacional, les invitamos a participar en las II Jornadas Internacionales de Actualización Jurídica, organizadas por el Instituto de Derecho Privado, que tendrán lugar el próximo mes de junio.

El e-Boletín tiene dos presentaciones: la versión correo electrónico, la cual les será enviada el último día del mes al que corresponde la edición, con un esquema resumido y de rápida lectura, y una versión Blog, en la cual podrán acceder a una información más extensa y realizar sus comentarios a las publicaciones.

Con la edición del mes de marzo esperamos potenciar las bondades de la web 2.0 y así poder interactuar con los estudiosos e interesados en esta materia, a través de sus comentarios en las distintas secciones en las cuales se divide el e-Boletín: EditorialNovedades Reseñas.

Les invitamos a suscribirse al Blog introduciendo su correo electrónico y a seguirnos vía Twitter @eBoletinDIPUCV, para mantener una comunicación más estrecha.

Agradecemos sus comentarios y sugerencias y son bienvenidas las colaboraciones para próximas ediciones.

Yaritza Pérez Pacheco
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia
Instituto de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Editora
Dra. Yaritza Pérez Pacheco

Colaboradoras
Abg. Yvette Edrei
Dra. Nayibe Chacón Gómez

Responsable de edición
Lic. Mónica Mancera

 

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II Jornadas Internacionales de Actualización Jurídica

Marzo 2013Imagen

Instituto de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Central de Venezuela

Prof. Dra. Nayibe Chacón Gómez
Por el Comité Organizador

El Instituto de Derecho Privado vista la satisfactoria experiencia de las I Jornadas Internacionales de Actualización Jurídica que tuvieron lugar entre el 10 y 12 de marzo del año 2010, el próximo mes de junio tendrá lugar la segunda edición.

El objetivo de estas Jornadas es realizar un análisis de la situación de diversas instituciones jurídicas de Derecho Privado en el contexto actual, tanto nacional como extranjero; y desde la perspectiva interna, corresponde a la realización de las actividades de investigación y extensión colectivas de los miembros del Instituto de Derecho Privado para el año 2013.

Se tiene previsto en esta oportunidad reunir a expertos, nacionales e internacionales, quienes dictarán conferencias magistrales sobre diversos temas jurídicos de gran actualidad y pertinencia. Los cuales presentaran sus ponencias dentro de los siguientes ejes temáticos: Derecho de los Contratos; Derecho Registral; e intervencionismo del Estado en las relaciones jurídico-privadas.

El Comité organizador de estas II Jornadas está integrado por las Profesoras Lourdes Wills, Nayibe Chacón Gómez, Yaritza Pérez Pacheco y Dilia Ribeiro Sousa.

Las Jornadas se realizaran los días del 26 al 28 de junio de 2013, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. a 4.30 p.m., en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela.

Consulte programa del evento aquí

 

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